La cuenca Matanza Riachuelo volvió en estas últimas semanas a ocupar los primeros lugares de la agenda mediática. Por varios motivos que se entrecruzan: en enero pasado se anunció la construcción de miles de casas sobre la ribera. En simultáneo, se produjo una toma de terrenos que se iban a destinar para la reubicación de pobladores. Todo mientras la Corte Suprema convocó a una nueva audiencia pública para conocer los avances en torno al saneamiento de la Cuenca, en la que no faltaron las críticas.
Este año, se cumplirán tres años desde que la causa “Mendoza” derivó en una intervención del máximo tribunal que exigió – de modo inédito – a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires a desarrollar un plan integral que limpie el Riachuelo y repare el déficit habitacional y sanitario de millones de personas sobre la Cuenca. En ese contexto, surgió la ACUMAR, como autoridad de aplicación de las obras, el cual ha funcionado con apoyos y críticas de los sectores con trayectoria en la problemática. La Cuenca atraviesa 14 municipios y afecta a una población de 4,8 millones de personas.
En la audiencia del miércoles 16 marzo, los diferentes gobiernos defendieron el accionar público. El Secretario de Ambiente y ex intendente de Berazategui (municipio ubicado en la Cuenca) Juan José Mussi afirmó que “de las 11 mil industrias sobre la ribera, se inspeccionaron 8 mil, se sacaron 1.600 muestras, y que el resultado fue que 427 contaminan y que 38 fueron intimadas a reconvertirse”. Además describió los avances en materia de extensión de cloacas y el comienzo de las acciones para relocalizar a los vecinos en el lugar.
Sin embargo, la Corte cuestionó la falta de políticas en varios frentes: incremento de basurales, falta de agua potable en Villa Inflamable, entre otras críticas. “Pasaron dos años y medio desde la sentencia de la Corte y prácticamente todos los plazos están vencidos. Hay muchas demoras en la ejecución de cada uno de los ítem que se fijó”, señaló uno de los magistrados.
Ordenamiento territorial
La audiencia coincidió con la polémica en torno a las ocupaciones de edificios y terrenos en Villa Soldati que iban a ser destinados para los actuales habitantes de villas alojados sobre el Riachuelo. La polémica incluyó idas y venidas por parte de los gobiernos porteño y nacional. De fondo, sigue ausente el debate en torno a la necesidad de un ordenamiento territorial que planifique la urbanización e impida repetir los patrones actuales en el futuro.
Según un relevamiento de la defensoría del poder judicial porteño en conjunto con el defensor del Pueblo, sobre el Riachuelo viven en asentamientos precarios 2500 familias. Sólo en la villa 21 – 24 de Barracas, lo hacen 1300 familias. Los predios se ubican en una franja sobre los 35 metros de costa a ambos lados del cauce de agua más contaminado del país. En un estudio similar, el juez que lleva adelante el saneamiento, Luis Armella, había contabilizado 1060 familias.
En total, el relevamiento habla de una población superior a las 9000 personas, en su mayoría afectadas por graves problemas respiratorios, gástricos y de la piel, debido al prolongado contacto con ese lodazal pestilente, cuyos márgenes desbordan cuando sube el nivel del Río de la Plata por las sudestadas. Como sea, para reubicar a estas familias se anunció la creación de miles de viviendas a construir en un plazo de tres años en ambos lados de la Gral. Paz.
Más allá de las acciones en diferentes frentes, desde diversos espacios se alerta sobre la ausencia de una planificación integral. Por caso, Andrés Napoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) declaró en una entrevista radial (Hoy más que nunca, radio Nacional) que “más allá de los complejos recursos que tiene el Estado y de la necesidad generar licitaciones y demás procedimientos administrativos, es importante establecer pautas fundamentales para definitivamente sanear el Riachuelo (…) Una de ellas es trabajar en el ordenamiento del territorio”, describió.
En la misma sintonía, el arquitecto y miembro del Consejo de Administración de Fundación Metropolitana Luciano Pugliese insistió en una columna de opinión reciente que es necesario diseñar políticas que tengan en cuenta de modo integral la ocupación de suelo, la reconversión industrial, la inversión en infraestructuras sanitarias, el desarrollo económico, entre otros ítems. Propuso como ejemplo: “La falta de planificación con perspectiva de cuenca para la habilitación de suelo industrial podría invalidar la estrategia de saneamiento que se pretende sostener, si nuevos vertidos alteraran aguas arriba los objetivos de calidad (…) Pero una política sólo restrictiva terminaría por desalentar la inversión industrial en la Cuenca, empobreciendo a su población”.
