Por Florencia Silberstein
El pasado 27 de septiembre concluyó la Cumbre de Desarrollo Sostenible en la que se aprobó la Agenda post-2015 para el desarrollo que regirá la política de los 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta el año 2030. La nueva Agenda se compone de 17 objetivos y 169 metas y constituye una etapa superadora en la búsqueda del desarrollo global.
Desde la Fundación Metropolitana proponemos reflexionar sobre la forma en que los recientemente propuestos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incidirán sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires.
De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Quince años atrás se daban a conocer los ODM: una guía de 8 puntos y 19 metas que orientarían el accionar de los entonces 189 países miembros de la ONU hasta el año 2015.
Los ODM constituyeron una innovación pues el contexto en el que fueron gestados había cambiado: tras un giro en la política internacional y una adaptación a la globalización emergente, se iniciaba un cambio profundo en la percepción que la comunidad internacional tenía respecto del desarrollo. Comenzó a dejarse de lado la centralidad de los Estados y las cuestiones más “duras” de la política y, en su lugar, apareció una agenda orientada al desarrollo social y económico. Se empezó a hablar de una gobernanza global y las naciones se comprometieron a adoptar políticas de desarrollo a partir de una agenda común.
En los años posteriores se hizo un seguimiento del estado de los objetivos dando lugar a una serie de informes que daban cuenta de los avances, o la falta de ellos. Los resultados dividieron a los expertos en defensores y en detractores de los ODM y, si bien los motivos de acuerdo y desacuerdo varían, perseveró un consenso fundamental: la continuidad del esquema del milenio.
Los ODM reflejaron tanto el triunfo de la cooperación entre países en la lucha por el desarrollo, como la necesidad de poner el énfasis en aspectos de la política distintos de los tradicionales. Y aunque constituyeron una guía adecuada para profundizar aquello que había sido exitoso[1], no estuvieron exentos de errores ni críticas[2], lo que implicaba una necesaria modificación y redefinición.
A partir del 2010, y de cara al final del período contemplado en el esquema del milenio, comenzó a discutirse la agenda del desarrollo que presentaría el camino a seguir después del 2015.
El contexto internacional que enmarcó ese debate, fue distinto de aquél en el que se habían delineado los ODM: después de una situación de crisis y reajustes del sistema internacional[3], se configuró un nuevo escenario caracterizado por el ascenso de los países receptores de ayuda y la caída de los dadores de la misma[4].
Esta nueva organización del sistema internacional resultó favorable para una discusión más equitativa, horizontal e inclusiva: en el proceso de elaboración de los ODS se contempló la presencia, no sólo de un grupo de países mucho más representativo de todas las regiones, sino también se incluyó una serie de consultas y encuestas a distintos grupos de la sociedad civil así como a representantes del sector privado.
La pluralidad en la participación brindó a la negociación de la nueva agenda una visión más global e integradora proporcionando nuevos retos, redefiniendo responsabilidades y desafíos globales, pero, fundamentalmente, ampliando el concepto del desarrollo mismo: ya no podría basarse en políticas de ayuda desde el Norte hacia el Sur, sino que debería ser considerado como un problema global y resolverse a través de la acción colectiva.
De esta manera la agenda se extendió considerablemente para dar prioridad a principios como los derechos humanos, la sostenibilidad y la igualdad y contemplar nuevas dimensiones del desarrollo como el económico y social incluyente, la sostenibilidad ambiental y la paz y seguridad, no comprendidas en el esquema del milenio.
La Agenda post-2015 busca integrar las agendas de desarrollo económico-social, ambiental y del cambio climático. Sus 17 objetivos y 169 metas son mucho más vastos, profundos y comprehensivos y apelan a una estrategia de desarrollo global más seria, ambiciosa, integral y susceptible de ser adoptada por las naciones que la limitada agenda de lucha contra la pobreza y desarrollo social diseñada a principios del milenio.
El Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”
No es ninguna novedad que transitamos un mundo crecientemente urbanizado. Aproximadamente 3.500 millones de personas-un poco más de la mitad de la población mundial- vivimos en zonas urbanas, y se espera que en los próximos quince años esta cifra se incremente en 1,1 billones[5]. En la actualidad, existen alrededor de 500 ciudades esparcidas por el mundo que cuentan con más de 1 millón de habitantes, cuando a principios de siglo XX eran sólo 16 las urbes con estas características. Respecto de las megaciudades, definidas como aglomeraciones urbanas con diez millones de habitantes o más, suman 32 en el mundo y, mientras que actualmente concentran el 6,4% de la población mundial, para 2030 se espera que esa proporción aumente a 8,7%.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó en febrero de este año un documento titulado “El siglo metropolitano”, que adelanta que, para fines del siglo XXI, la mayor parte de la urbanización del globo va a haberse completado y que la población urbana mundial alcanzará los 9 billones de habitantes, un 85% de la población mundial total. No son datos menores si se tiene en cuenta el acuerdo generalizado respecto del rol esencial que juegan las ciudades como motores del desarrollo.
La naturaleza de las áreas metropolitanas -y de los aglomerados urbanos en general- implica la creación de empleos, la distribución de servicios, la configuración de complejas redes de transporte y la posibilidad de erigirse en grandes centros de actividad económica. Si bien el grado de participación varía dependiendo de la región así como de las condiciones en las que cada país se desarrolla, las ciudades contribuyen en gran medida al PBI nacional.[6] Y, cuanto más y mejor desarrollada se encuentra una ciudad, mayor es el aporte.
Además, debido a su papel preponderante en la vida política, económica y social, las urbes constituyen factores determinantes para asentar a las naciones en una situación más favorable en el camino hacia el desarrollo. El avance de la urbanización corrobora a las ciudades como centros de prosperidad.
Sin embargo, la magnitud del incremento proyectado en la población urbana podría arruinar esta bonanza. El foco de la preocupación está puesto sobre la forma en que se tutela ese crecimiento urbano ya que es el que define la capacidad de los países para adaptarse al cambio. La gestión de las metrópolis es de por sí difícil, pero se vuelve mucho más compleja cuanto más se agrandan. En muchas de ellas una gestión de la expansión urbana incorrecta o no planificada puede desencadenar serios conflictos de diferente índole (contaminación, movilidad, exposición a riesgos naturales, mala distribución de fondos para servicios públicos, etc.).
John Wilmoth, Director de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de la ONU aseguró en un comunicado de prensa de 2014 que “La gestión de las áreas urbanas se ha convertido en uno de los retos más importantes del siglo XXI. El acierto o fracaso que tengamos al impulsar ciudades sostenibles será el factor más importante en el éxito de la agenda de desarrollo post 2015 de la ONU”.
El objetivo número once de los ODS sostiene la opinión del Sr. Wilmoth porque propone la reivindicación de lo local y hace referencia a que la urbanización sustentable es indispensable para un desarrollo universal exitoso. Si las ciudades están bien gestionadas pueden ofrecer oportunidades magníficas para la expansión de los servicios básicos de una forma más sencilla, más económica y hasta menos dañina para el medio ambiente.
En este sentido, el abrumador aumento de la población urbana mundial previsto para las próximas décadas, implica que la manera en que se gestionen y planifiquen las ciudades no sólo tendrá importantes efectos económicos y sociales, sino que además será imprescindible a la hora de alcanzar los mencionados ODS.
Para ello, y en consonancia con el espíritu que dio lugar a la sanción de la Agenda post-2015, un documento publicado por ONU-Hábitat[7] afirma que, si bien es cierto que las ciudades son los centros de prosperidad por excelencia, es necesario revisar el concepto mismo de prosperidad. El informe propone que las autoridades públicas reconsideren sus políticas y acciones y que las orienten más allá del crecimiento económico, hacia otros aspectos de igual importancia como la calidad de vida, la infraestructura, la equidad y la sustentabilidad ambiental.
De acuerdo con esto, es posible aseverar que para alcanzar los objetivos plasmados en la Nueva Agenda, la inevitable urbanización progresiva debe ser conscientemente planificada y llevada a cabo contemplando inclusión y sustentabilidad.
El Desarrollo Sostenible y la Región Metropolitana de Buenos Aires
En el año 2000, la República Argentina adhería, junto con el conjunto de los Miembros de Naciones Unidas, a la anteriormente mencionada Declaración del Milenio. Un año más tarde, sin embargo, el país se derrumbó como consecuencia de una profunda crisis económica, política y social -una de las más importantes de su historia- obligando a la dirigencia política a concentrar sus esfuerzos en recuperar la estabilidad institucional.
Un orden incipiente llegó en el 2003, año de elecciones y de asunción del nuevo gobierno. De esta forma se inauguró una nueva etapa: empezó un arduo proceso de reconstrucción de la estructura nacional y comenzó a asomar una gran oportunidad para reorganizar el crecimiento del país. La calma recobrada permitió reestablecer la agenda política y, entre otras cosas, se priorizó la necesidad de trabajar en los ODM para alcanzar el desarrollo nacional. Un Informe sobre la implementación de los ODM en la Argentina publicado ese mismo año, indicaba que “el conjunto de los Objetivos y Metas propuestas debería ser un aporte significativo para sugerir prioridades en la formulación de nuevas políticas y programas, así como para establecer aquellas reformas que preserven el capital humano y social que las pasadas generaciones lograron construir y que la actual debe proyectar para las futuras”[8]. De esta forma, la Declaración del Milenio se constituía en una guía fundamental para el diseño de las políticas nacionales de desarrollo.
En consonancia con esto, se presentó la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PNDT) que fijaba como plazo el año 2016. Esta política tuvo “como objetivo general guiar las acciones con impacto espacial hacia un crecimiento equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo del territorio argentino y construir mecanismos de intervención más adecuados para aprovechar las oportunidades de desarrollo”[9].
En el 2004, y a partir de la PNDT, fue formulado el Plan Estratégico Territorial (PET)[10]. En este último se analizaron las diferencias y desigualdades dentro de todo el territorio y se plantearon tres objetivos básicos: “mejorar y sostener el crecimiento de la producción en forma equilibrada, mediante la construcción de infraestructura y equipamiento; garantizar el acceso de la población a los bienes y servicios básicos, promoviendo el desarrollo equitativo de las regiones y el arraigo de sus habitantes; contribuir a la valorización del patrimonio natural y cultural a través de una gestión integrada y responsable”. Reconociendo la existencia de “un contexto global en el que las ciudades han cobrado un valor significativo como administradoras y promotoras del desarrollo”, propuso un cambio de paradigma respecto a la forma en que se concebía el territorio: en lugar de analizarlo sólo en términos de áreas y corredores, pasaría a comprenderse como “sistema de asentamientos humanos”. Así, el PET planteó la necesidad de consolidar un sistema policéntrico de ciudades a través del refuerzo de las urbes intermedias y el fortalecimiento y reestructuración de las grandes metrópolis. Este Plan remarcó el fuerte impacto que los nuevos patrones de flujos de bienes, personas e información tienen en la transformación del sistema de asentamientos humanos y su consecuente incidencia en la gestión de los mismos[11].
Para hacer frente a estos nuevos desafíos, expresó la necesidad de aplicar instrumentos más acordes como Planes Estratégicos y de Ordenamiento, que “complementen y enriquezcan los esquemas de gestión tradicionales” así como de implementar “políticas basadas en acuerdos entre todos los niveles de gobierno”. El Plan Nacional señaló además la importancia de “fortalecer el planeamiento urbano como herramienta de previsibilidad y formación de consenso, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad futura” agregando que “la concientización respecto de la necesidad de regulación del uso de suelo y la consecuente orientación de las inversión pública y privada en materia de emprendimientos e inversiones en infraestructura, constituye un elemento fundamental para garantizar un desarrollo urbano sostenible.”. Por último vale destacar que esta Estrategia Nacional del Desarrollo otorgó un papel central a la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)[12]. Enfatizando la creciente complejidad de las dinámicas y funciones que determinan la evolución de la metrópolis, el Plan expuso el deterioro de la “estructura de soporte de la región” y su implicancia negativa en las distintas dimensiones de la misma. Dando cuenta de ello, se propuso una profunda reestructuración[13] con el objetivo último de “avanzar hacia un modelo de ciudad integrada, equitativa, y diversa, que ofrezca una adecuada plataforma de soporte para el desarrollo de las actividades productivas y de servicios, y que brinde a sus habitantes un contexto adecuadamente urbanizado y un ambiente saludable”.
Entre el 2005 y el 2007, y en el marco del PET, se trabajó en la elaboración de los Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana Buenos Aires[14], un documento oficial que da cuenta de las cuestiones-problemáticas centrales. Los Lineamientos propusieron una serie de líneas de acción para establecer las condiciones para “construir acuerdos y ordenar iniciativas privadas” en torno al desarrollo de la región, tanto para aprovechar oportunidades de crecimiento como para revertir tendencias negativas. Este Programa detectó un cambio en los patrones de crecimiento y evolución de la metrópolis que obligaría a realizar una modificación en el enfoque a la hora de proponer políticas públicas ya que se afirmaba que, con la expansión de la mancha urbana, la RMBA pasaba a responder a una forma de organización que había perdido vigencia. En el documento se identificaron cinco grandes componentes de la organización territorial que debían ser contemplados: los espacios de la producción industrial y el sistema portuario; los espacios del comercio y los servicios y el sistema de centros; el sistema del hábitat y los crecimientos urbanos; la movilidad: estructura vial y sistema de transporte; y por último el sistema ambiental: cuencas, gestión de residuos, áreas verdes y espacios periurbanos. También se registró la existencia de tres matrices que se vieron profundamente afectadas ante el avance de la urbanización: la matriz ambiental, la matriz productiva o de desarrollo y la matriz de crecimiento.
Para lograr un mejoramiento general de estas matrices y alcanzar así una “ordenación sostenible de la expansión urbana” fueron presentados ocho lineamientos de intervención: 1. Suelo a retirar del proceso de urbanización, 2. Suelo / tejido degradado a recuperar, 3. Áreas a consolidar, 4. Áreas consolidadas a rehabilitar y cualificar, 5. Áreas a densificar, 6. Áreas de borde a configurar, 7. Áreas a urbanizar, 8. Suelo industrial y logístico a habilitar.
Durante los años que siguieron se tomaron algunas medidas relevantes para la región. Algunas de ellas significaron un avance como la fundación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la elaboración del Plan Urbano Ambiental (PUA), la construcción del Sistema de Metrobús, la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), entre otros.
Sin embargo, los problemas de fondo no habrían sido resueltos. En 2011 volvió a presentarse una nueva estrategia de desarrollo orientada hacia una parte de la RMBA: un Plan de Regionalización para la Provincia de Buenos Aires[15]. Esta flamante propuesta reconoció nuevamente las diferencias y desigualdades de las regiones de la Provincia y la necesidad de formular un programa de desarrollo acorde a las características de cada una. En el caso de la RMBA, se hizo un relevamiento de los temas-problemas que deberían ser considerados, pero mantuvieron vigencia las cuestiones mencionadas en Planes anteriores. Asimismo, fueron propuestas distintas formas de cooperación con CABA acerca de varias cuestiones metropolitanas, constituyendo así otro importante intento de modificación de la gestión en la región. Este Plan sin embargo no prosperó.
El AMBA y su gestión hoy
Con una población de casi 15 millones de habitantes, la Metrópolis Buenos Aires se encuentra en el puesto 21 en el ranking de las megaciudades del mundo[16] y contiene al 36% de la población total del país y al 95% de la Provincia de Buenos Aires. De este total un 23% reside en CABA y un 77% se encuentra distribuido en los distintos niveles del Conurbano Bonaerense. En cuanto a su participación en la economía, según datos de 2006, la RMBA aporta el 46% del Producto Bruto Nacional (PBN).
La magnitud de la participación económica y demográfica, sigue haciendo de la región el centro político, productivo, financiero y comercial del país. Sin embargo, a pesar de su papel esencial y de los proyectos destinados a su mejora, aun hoy subsisten grandes trabas en el desarrollo de la metrópolis.
A pesar de la normativa vigente y de los Programas ejecutados, persiste uno de los pilares fundamentales que hacen al atraso de la región: el irracional uso del suelo. La ausencia de planificación añadida a la falta de regulación y control Estatal en su consumo -para distintos fines- echa por tierra cualquier tentativa de gestión eficiente de la expansión urbana. Así, la falta de coherencia y previsión en la que se apoya esta problemática, hacen de ella un denominador común negativo en torno a otras cuestiones.
En primer lugar, aunque constituye una región muy rica, la inequidad continúa siendo un problema vital. Las diferencias socio-económicas entre CABA y el conurbano por un lado, y entre los distintos sectores al interior de este último por otro, generan una amplia gama de serios contrastes[17]. El Observatorio del Conurbano Bonaerense insiste en “la vigencia de la problemática de la desigualdad y la pobreza en el área, la que presentaría un núcleo duro e irreductible caracterizado por una serie de factores estructurales. Además, manifiesta que “el principal problema que deviene de la desigualdad social es el problema habitacional en el AMBA, el cual cada vez se profundiza más al polarizarse socialmente las urbanizaciones”.[18]
En la actualidad la situación habitacional reviste un carácter de urgencia: con un número aproximado de 1.070 habitantes por km², la disputa por el acceso a la tierra y a la vivienda se torna feroz y son pocos los que salen favorecidos. Por un lado, la forma en que se reparte la población en el espacio, está definida por el costo del mismo y su relación con el ingreso de los habitantes. Por otro, la concentración de la oferta laboral en la capital y sus alrededores, obliga a las personas a buscar una residencia lo más cercana posible a su lugar de trabajo, presionando sobre la demanda de la misma. La desregulación y la ausencia de organización en la producción de suelo urbano, provocaron un vacío que fue inmediatamente ocupado por la lógica de mercado y la especulación inmobiliaria, estimulando así el aumento del precio del suelo. Al mismo tiempo, las históricas desigualdades socio-económicas, sumadas a la necesidad y a la falta de acceso al crédito a tasa fija, facilitaron un importante crecimiento irregular de la ciudad a través de los loteos populares[19] y la autourbanización, fenómenos que perduran aun hoy.
Las respuestas brindadas a la crisis habitacional pusieron paños fríos, pero el escenario no ha variado en su esencia. Si bien en diez años el gobierno nacional ha ordenado la construcción de 1 millón de soluciones habitacionales, se sostiene que “este esfuerzo no ha logrado descender los valores del déficit, que se reproduce a la misma velocidad que se producen las obras públicas. Esto es porque las políticas habitacionales están fundamentalmente dirigidas a la ejecución de viviendas nuevas cuando el déficit es mayoritariamente de viviendas recuperables”. Simultáneamente, se está trabajando “en contra de una situación estructural: mientras que la lógica del Estado produce viviendas para dar respuesta al déficit urbano habitacional; el crecimiento económico opera alentando la lógica del mercado”, beneficiando el incremento en el costo de las viviendas e ignorando la lógica de la necesidad.[20]
En lo que a legislación se refiere, en 2012 fue sancionada la “Ley de Acceso Justo al Hábitat” de la Provincia de Buenos Aires, la cual pretende brindar una salida definitiva a la crisis habitacional apoyándose en la experiencia de la autourbanización y apuntando a la reducción de la especulación sobre el valor del suelo.[21] Esta ley, sin embargo, parecería no haber logrado avances en lo informal debido a que enfrenta numerosas trabas y una lenta aplicación por parte de los municipios.[22] Por otro lado, por ser de publicación muy reciente, sería apresurado hacer una evaluación respecto de sus efectos.
La realidad actual se caracteriza por la vigencia de altos grados de pobreza y desigualdad, perfilando la situación social de algunos grupos como crítica: mientras que en el Conurbano un 81% de los hogares está ubicado en el nivel más bajo de clasificación socioeconómica, en CABA sólo el 38% se halla situado en el más alto. Esta marcada discrepancia se refleja en la calidad de vida que tiene la población residente de la Capital, en comparación con la del Conurbano, que debe lidiar con mayores tasas de riesgo alimentario, falta de cobertura de salud y déficit de servicios básicos (cloacas, agua y gas) lo que genera una más alta dependencia de programas sociales que el total de los residentes de CABA. Asimismo, el Conurbano presenta rasgos desfavorables en cuanto a la cantidad de hogares emplazados en villas o asentamientos precarios con un 65% respecto del 35% localizado en la Capital. Así, los pobladores del GBA sufren serias dificultades en relación al acceso a la vivienda (la tenencia irregular de la vivienda alcanza el 13% en el Conurbano y el 10% en la Ciudad de Buenos Aires), así como la precariedad estructural. Por último, pero no menos importante, son los hogares del Conurbano los que se ven mayormente afectados por problemáticas vinculadas al medio ambiente tales como las inundaciones o algún tipo de contaminación (con un 33% y 30% respectivamente).[23]
Si a esta situación socio-económica ya de por sí difícil, se agregan otros temas de relevancia para la región, el panorama se ve agravado.
En cuanto a la movilidad en la metrópolis, es significativo recordar su importancia tanto para el funcionamiento de la economía regional, como su capacidad para brindar igualdad de oportunidades a sus residentes en el acceso a empleos y servicios. Los estudios revelan que, aun cuando una gran proporción de los habitantes de RMBA utilizan el transporte público, existe también una parte importante de esta población que se ve excluida. Quienes se ven principalmente afectados son los sectores más humildes y los residentes de barrios suburbanos: pareciera ser que cuanto más lejos se encuentra un barrio de la ciudad Capital, más aumenta la carencia de servicios. La inequidad no es la única problemática que enfrenta la movilidad. En una región donde se registra “un total de casi 30 millones de desplazamientos diarios, de los cuales el 90% son motorizados, el 55% en transporte individual (privado) y el 45%, colectivo (público)”, problemas de congestión, inaccesibilidad, y contaminación continúan teniendo un peso considerable. Si bien las razones de estos inconvenientes son numerosas, se destaca la ausencia de una integración funcional, el incremento en la tasa de motorización, la débil conectividad intermodal y el carácter centralizado del sistema que otorga predominio a la Ciudad en desmedro del resto de la región.[24]
La cuestión ambiental, por su parte, también presenta serias complicaciones. Al respecto cabe subrayar dos cuestiones de relevancia. En primer lugar, el problema de los residuos urbanos de la RMBA: con una generación diaria de 17 mil toneladas de basura, la metrópolis es la principal productora de residuos del país. De esta cantidad, mientras que 11 mil provienen de los municipios del Conurbano, 6 mil son generados en CABA. Un 88% del total de los residuos es destinado a la disposición final que lleva a cabo la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). El conflicto vital que enfrenta hoy esta entidad de carácter interjurisdiccional (pertenece por partes iguales a la Provincia y a la Capital) es su desgaste. Éste se da no sólo porque se reduce el tratamiento integral de los RSU a su disposición final, sino porque también comienza a escasear la oferta de suelo para este fin. Otras contrariedades que giran en torno a la problemática de los residuos son el bajo grado de explotación industrial de los materiales susceptibles de ser recuperados, la ausencia de una conciencia ambiental, las dificultades que soportan los municipios para implementar políticas más serias en la gestión de los residuos así como su representación indirecta en la CEAMSE, la alta tasa de depósitos en rellenos sanitarios y, por último la falta de un abordaje regional del problema.
La otra gran problemática ambiental es la de la Cuenca Matanza Riachuelo, hogar de alrededor de un 25% de la población de la RMBA. Son 14 municipios de la Provincia más la Capital los atravesados por este curso de agua lo que comprende un total de 17 jurisdicciones intervinientes. La creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en 2006 fue un avance, ya que tiene el deber de coordinar las acciones de las autoridades competentes para llevar a cabo las obras de saneamiento y ejercer control sobre las empresas responsables de la contaminación de la cuenca. Sin embargo, actualmente son tres millones de personas las que todavía deben convivir con la contaminación del agua, la ausencia de obras de infraestructura básica, el desarrollo urbano e industrial no planificado ni controlado, la ausencia absoluta de control por parte del Estado y la conducta irresponsable de la mayor parte del sector privado.
Estas cuestiones esbozadas son sólo algunas de las problemáticas que enfrenta hoy la RMBA, pero contribuyen a demostrar que aún queda mucho por recorrer en el camino hacia el desarrollo de la región.
Como ya fue mencionado, en septiembre de este año fue aprobada la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas, y la Argentina fue uno de los 193 países miembros que participó en su aprobación. Como lo fueron los ODM en el 2000, los ODS constituyen una nueva oportunidad para encarar el desarrollo y proporcionan un nuevo e innovador enfoque para hacerlo. No es menor el hecho de que el país se encamina hacia un cambio de gobierno y que las condiciones de implementación de la Agenda post-2015 serán definidas por una nueva administración. Si bien es posible decir que los ODS van un poco más allá de los colores políticos, la forma en que se lleven a cabo, la responsabilidad con que se los implemente y el compromiso de los diferentes actores que intervengan en su aplicación definirán sustancialmente el éxito que puedan tener tanto a nivel nacional como regional, y en especial, la metrópolis Buenos Aires.
[1]Según un Informe de 2013 sobre los ODM, se ha reducido a la mitad la pobreza extrema, más de 2.000 millones de personas han logrado el acceso a fuentes de agua potable, se han progresado en la lucha contra el paludismo y la tuberculosis, entre otros.
[2]En términos generales se ha reprochado a los ODM la poca ambición de sus metas así como el dejar de lado las causas básicas de los problemas del desarrollo –como la desigualdad- para centrarse en los síntomas del mismo –la reducción de la pobreza extrema. Se ha criticado también no plantear modificaciones esenciales respecto a los medios necesarios para alcanzar esa agenda.
[3]La crisis financiera del 2008 incidió en todo el planeta y golpeó fuertemente a Europa y a Estados Unidos. A esta crisis–y en gran medida como consecuencia de ella- se sumó el cuestionamiento al orden y las instituciones vigentes desde Bretton Woods y el ascenso de nuevos actores con una tendencia a la homogeneización del escenario Internacional.
[4]El esquema de los ODM se apoyaba en la superioridad política y económica de los países del Hemisferio Norte y en la ayuda técnica y financiera que brindarían a las naciones del Sur para alcanzar el desarrollo.
[5]“Integrating population issues into sustainable development, including the post-2015 development agenda”. DESA, 2015. http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/48/CPD48ConciseReport.pdf
[6]“State of the world cities 2012/2013. Prosperity of cities”. ONU-HABITAT, 2013. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf
[7]“State of the world cities 2012/2013. Prosperity of cities”. ONU-HABITAT, 2013. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf
[8] “Objetivos de Desarrollo del Milenio Argentina. La oportunidad para su reencuentro” Presidencia de la Nación, 2003. http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/interes/File/odm_objetivos.pdf
[9] “Argentina 2016. Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, 2003. http://www.cofeplan.gov.ar/html/pet/documentos/argentina_web_2016c_a332ad.pdf
[10] “Plan Estratégico Territorial”. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2008. http://www.cofeplan.gov.ar/html/pet/documentos/pet_avance_2008.pdf
[11] Los principales efectos enumerados en el Plan son la metropolización y conurbación de carácter interjurisdiccional; el crecimiento expansivo y descontrolado de las periferias urbanas; la presencia de sistemas urbanos interprovinciales y transnacionales; el impacto de los asentamientos humanos sobre los ecosistemas; el incremento del riesgo y la vulnerabilidad ambiental.
[12] La Metrópolis Buenos Aires es el área delimitada por el Río de la Plata y la ruta provincial número seis. El espacio, que abarca una superficie total de casi 14.000 km2 y una superficie de la mancha urbana de 2.440 km2., contiene cuarenta gobiernos locales y cuarenta y dos jurisdicciones, incluyendo el gobierno provincial y el nacional.
[13] Para ello fueron sugeridas doce líneas de acción: 1. Reestructurar el sistema portuario, su sistema de accesos y áreas de apoyo logístico, 2. Completar la red vial, 3. Fortalecer el sistema energético, 4. Reestructurar el espacio de la producción, 5. Reorganizar el sistema de transportes, 6. Consolidar el sistema de centros y subcentros urbanos, 7. Conducir el crecimiento de la aglomeración, 8. Expandir las redes de agua y saneamiento hasta garantizar la cobertura total del área urbana, 9. Garantizar el manejo integral de las cuencas, 10. Reformular las pautas de tratamiento de residuos, 11. Promover un sistema de parques metropolitanos, 12. Implementar medidas de protección del borde periurbano.
[14] “Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires”. Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda, 2007. http://www.mosp.gba.gov.ar/sitios/urbanoter/planurbana/Lineamientos_RMBA.pdf
[15] “Plan de Regionalización. La estrategia de desarrollo para la Provincia”. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2011. http://metropolitana.org.ar/wp-content/uploads/downloads/2015/06/La-estrategia-de-desarrollo-para-la-Provincia.compressed.pdf
[16] http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html
[17] “Plan de Regionalización. La estrategia de desarrollo para la Provincia”. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2011. http://metropolitana.org.ar/wp-content/uploads/downloads/2015/06/La-estrategia-de-desarrollo-para-la-Provincia.compressed.pdf
[18] “Hábitat y Vivienda en el Conurbano: Entre los derechos y los hechos”. UNGS, 2015. http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?p=2145
[19] http://www.forometropolitano.org.ar/wp-content/uploads/2014/09/Presentaci%C3%B3n-Territorio-RFW-LP.pdf
[20] “Hábitat y Vivienda en el Conurbano: Entre los derechos y los hechos”. UNGS, 2015. http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?p=2145
[21] “Hábitat y Vivienda en el Conurbano: Entre los derechos y los hechos”. UNGS, 2015. http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?p=2145
[22] “Ley de Acceso Justo al Hábitat: una caja de herramientas a medida”. Observatorio del Conurbano Bonaerense, 2015. http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?p=2200
[23]“Heterogeneidades sociales en la Región Metropolitana de Buenos Aires”. UCA, 2013. http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/Boletin_AMBA_UCA.pdf
[24]“Movilidad en la Metrópolis: una cuestión personal”. Fundación Metropolitana, 2011.
