La agenda ambiental en el nuevo Gobierno

Andres-Napoli-FARN-300x199POR ANDR脡S N脕POLI, DIRECTOR EJECUTIVO DE FARN [1] – El pasado martes 17 de mayo FARN present贸 en La Trastienda su octavo Informe Ambiental. La publicaci贸n re煤ne m谩s de treinta art铆culos y busca profundizar el an谩lisis de la situaci贸n ambiental argentina y de la regi贸n. Cambio clim谩tico, 谩reas protegidas, actividad minera, energ茅tica y agr铆cola, son algunos de los temas que se trabajan en el informe.

El informe comienza con una columna de opini贸n de Andr茅s N谩poli que analiza la agenda ambiental del nuevo gobierno. A continuaci贸n la columna del Director Ejecutivo de la Fundaci贸n Ambiente y Recursos Naturales.

Introducci贸n

La presentaci贸n de una nueva edici贸n del Informe Anual de FARN es una oportunidad que aprovechamos para realizar un balance de los aspectos que consideramos m谩s destacados en materia ambiental y de aquellos que directa o indirectamente inciden sobre la misma.

Durante el 2015 se produjeron hechos muy relevantes en el plano internacional. Nos referimos muy particularmente a la publicaci贸n de la Enc铆clica 鈥淟audato Si鈥, impulsada por el Papa Francisco y la firma del acuerdo sobre cambio clim谩tico de Par铆s, temas que se analizan a trav茅s del invalorable aporte efectuado por diversos autores en el presente informe.

De igual forma, a nivel nacional, el a帽o que inicia y ciertamente gran parte del a帽o 2015 qued贸 ciertamente marcado por el proceso electoral y la asunci贸n de un nuevo gobierno. Esto, adem谩s, signific贸 la finalizaci贸n de un ciclo pol铆tico que gobern贸 la Argentina por m谩s de una d茅cada y que directa o indirectamente inciden en la conformaci贸n de la nueva agenda ambiental.

El recambio de gobierno despert贸 una gran expectativa por parte de la ciudadan铆a, as铆 qued贸 evidenciado en varias de encuestas de opini贸n que se publicaron pocos d铆as despu茅s de finalizado el comicio en donde m谩s de la mitad de los entrevistados dijo estar 芦esperanzado禄聽 respecto de lo que ocurra en el pa铆s en los pr贸ximos cuatro a帽os, pero con un alto grado de incertidumbre respecto a las pol铆ticas y cambios que deban implementarse en torno a temas que hacen a la agenda econ贸mico y social.

Tal como sucedi贸 a lo largo de toda la campa帽a electoral, los temas ambientales no aparecieron dentro de aquellos que el p煤blico reclama como prioritarios. Sin embargo, los mismos surgen claramente asociados a los principales temas del quehacer econ贸mico y social, entre ellos: la cuesti贸n energ茅tica, el control de la explotaci贸n minera, la consolidaci贸n del modelo extractivo, la contaminaci贸n de las principales cuencas urbanas, entre otros.

Sin embargo, Argentina contin煤a experimentando un elevado nivel de conflictividad socio鈥揳mbiental, donde como afirma Gabriela Merlinsky 鈥la resistencia a la miner铆a a cielo abierto, 聽鈥 la oposici贸n a nuevas instalaciones de rellenos sanitarios en la metr贸polis de Buenos Aires, las demandas de los vecinos afectados por la contaminaci贸n con agroqu铆micos (los 鈥減ueblos fumigados鈥) son la cara m谩s visible de otras tantas manifestaciones que expresan una creciente conflictividad en relaci贸n al acceso, la disponibilidad, la apropiaci贸n, la distribuci贸n y la gesti贸n de los recursos naturales[2].鈥

BergmanUna de las primeras medidas en materia ambiental adoptadas por el gobierno del presidente Macri fue la creaci贸n del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS),聽 cargo que recay贸 en el Rabino Sergio Bergman, quien no contaba con antecedentes en la tem谩tica pero s铆 con un muy fuerte predicamento dentro del espacio pol铆tico ganador en las elecciones y quien conform贸 su equipo ministerial con profesionales de reconocida trayectoria.

La creaci贸n de este ministerio es un paso significativo desde el punto de vista institucional聽 que coloca a la Argentina en igual situaci贸n a lo que sucede en la mayor parte de los pa铆ses de Am茅rica Latina y el Caribe, que ya cuentan desde hace tiempo con organismos ambientales de m谩ximo rango ministerial. Es asimismo, una medida que ha sido largamente reclamada por el movimiento ambiental, en tanto permite situar a la tem谩tica ambiental, desde el punto de vista institucional, en un pie de igualdad con otras 谩reas de gobierno como miner铆a, agricultura, econom铆a, infraestructura, industria que son claves en la definici贸n de pol铆ticas que hacen a la sustentabilidad, el ambiente y la calidad de vida de la poblaci贸n.

Sin embargo, la reforma institucional ambiental no puede ser tomada como un fin en s铆 mismo. La creaci贸n del ministerio reci茅n podr谩 cobrar un real significado en la medida en que las acciones que se impulsen y desarrollen desde el flamante organismo logren fortalecer la agenda ambiental, hasta transformarla en una protagonista activa de los temas que preocupan de gran manera a la ciudadan铆a y que se han visto largamente postergados. Nos referimos especialmente al abordaje de temas tales como: el cumplimiento de la Ley de Glaciares, el聽 control del impacto de la actividad minera, la regulaci贸n de la explotaci贸n de los hidrocarburos no convencionales, el fortalecimiento de la implementaci贸n de la ley de bosques nativos, el saneamiento de las cuencas urbanas en particular la del Matanza鈥揜iachuelo, el control del impacto ambiental de los agroqu铆micos, el ordenamiento ambiental del territorio y la efectiva implementaci贸n de los mecanismos de gesti贸n ambiental previsto en la Ley N潞 25675 por solo mencionar algunos ejemplos.

De conformidad con el sistema federal de gobierno (en donde las provincias poseen el dominio originario de los recursos naturales), muchas de las acciones y decisiones que involucran la tem谩tica ambiental no recaen exclusivamente dentro de las competencias que hacen al nuevo Ministerio. Sin embargo, el mismo cuenta con atribuciones que le son propias y las que surgen de su calidad de autoridad de aplicaci贸n en un conjunto de normas, entre ellas las que reglan los presupuestos m铆nimos de protecci贸n ambiental que surgen del art铆culo 41 de la Constituci贸n Nacional (CN), y en donde deber谩 por lo pronto promover la coordinaci贸n interjurisdiccional, la articulaci贸n con otras 谩reas de gobierno, impulsar una profusa agenda legislativa de temas que se encuentran pendientes de regulaci贸n desde hace ya muchos a帽os, al tiempo que deber谩 abordar el tratamiento de los m煤ltiples conflictos socio鈥揳mbientales y atender las demandas de la poblaci贸n afectada que a煤n esperan respuesta.

Por ello, el nuevo Ministerio, m谩s all谩 de los l铆mites estrictos que imponen sus competencias, deber谩 articular e incidir en un proceso de construcci贸n de una agenda ambiental con el involucramiento de todos los sectores interesados, para garantizar que los criterios ambientales no queden reducidos al cumplimiento de meros formalismos, sino que puedan ser incorporados en los procesos de toma de decisiones, principalmente de las pol铆ticas que hacen al desarrollo.

Una gesti贸n con mensajes contradictorios

En los primeros meses de esta nueva administraci贸n, se pueden identificar una serie de acciones y medidas que en algunos casos son muy auspiciosas pero que en otros, generan mensajes contradictorios sobre la relevancia que tiene la protecci贸n del聽 ambiente en la agenda gobierno.

En su debut, el nuevo ministerio gener贸 un clima de dialogo y apertura a brindar informaci贸n, en donde muchas de las organizaciones no gubernamentales y sectores interesados en la tem谩tica ambiental pudieron acercar comentarios y propuestas para la gesti贸n recientemente iniciada[3].

riojachalUno de los primeros conflictos que tuvo que enfrentar el nuevo Ministerio fue precisamente las consecuencias de la contaminaci贸n producida por el derrame de 1.072,6 m3 de soluci贸n cianurada provenientes de la Mina Veladero, que afect贸 el R铆o Jachal en 2015 (mantenido inicialmente en silencio por parte de la empresa Barrick Gold y su accionar consentido por el anterior gobierno de la Provincia de San Juan). En este punto el Ministro viaj贸 a la provincia de San Juan para reunirse con los vecinos de Jachal y participar de su asamblea. Les brind贸 apoyo y manifest贸 que promover铆a la adopci贸n de un seguro ambiental de 90 millones de pesos por el impacto ambiental negativo que produjo el derrame de cianuro[4]. De igual forma, y en lo que constituye un dato relevante, el Ministro manifest贸 al gobernador de San Juan, Sergio U帽ac que 鈥渄eb铆a prepararse para 鈥渦n posible escenario de cierre de la mina[5].鈥

Tanto el dialogo abierto del Ministro con los asamble铆stas, y el sentido de sus declaraciones ante el gobernador de la principal provincia minera del pa铆s, cuyas autoridades son las que m谩s se han opuesto a la sanci贸n y luego vigencia de la Ley de Glaciares, constituyen hechos novedosos que reconfiguran las relaciones vigentes entre la Naci贸n, la provincia y el sector minero, y que marcan la entrada en escena de la autoridad ambiental nacional la que, vale recordarlo, nunca tuvo presencia relevante en el contralor de la actividad desde que se iniciaron los proyectos megamineros en el pa铆s.

Sin embargo, ello contrasta de manera notable con algunas de las medidas adoptadas por el gobierno del Presidente Mauricio Macri, que van en una direcci贸n diametralmente opuestas a las anteriormente se帽aladas. Tal es el caso de la eliminaci贸n del 5% de las retenciones a las exportaciones de productos proveniente de la miner铆a metal铆fera y no metal铆fera, cuyas consecuencias repercuten de manera directa e indirecta sobre las pol铆ticas ambientales.

Es dable recordar aqu铆 que el sector minero cuenta con un r茅gimen tributario especial reglado por la Ley N掳 24196, que cuenta con un conjunto de beneficios impositivos, entre los que se encuentran estabilidad fiscal por 30 a帽os, un m谩ximo de 3% al pago de regal铆as, exenci贸n de derechos a la importaci贸n y de impuestos sobre los activos, deducci贸n de los gastos de exploraci贸n y factibilidad, amortizaci贸n acelerada de inversi贸n en infraestructura y equipamiento[6]. Esta medida se suma adem谩s a la quita de retenciones de los derechos de explotaci贸n a los productos del sector agropecuario (exceptuando el complejo sojero que mantiene una tasa del 30% con una promesa de reducci贸n escalonada), decisi贸n que adem谩s impacta de manera directa en el Fondo para la protecci贸n de los bosques nativos creado mediante Ley N掳 26331, que se conforman con el 2% de la recaudaci贸n de las retenciones.

Por otra parte, no hay que perder de vista que el premio otorgado por el gobierno nacional a la actividad minera y a las empresas del sector, no solo se produce en un contexto de crisis fiscal sino tambi茅n ante la falta de cumplimiento de la Ley de Glaciares N掳 26639, que desde su sanci贸n hace ya seis a帽os ha encontrado obst谩culos sistem谩ticos que impiden su correcta aplicaci贸n.

Debemos tener presente que a煤n no se ha dado cumplimiento a la elaboraci贸n del Inventario Nacional de Glaciares, que permite individualizar todos los glaciares y ambiente periglacial del territorio nacional para protegerlos como las principales reservas h铆dricas de nuestro pa铆s que dan base a nuestra actividad econ贸mica, desarrollo integral; 聽y vida y que han sido los fuertes intereses vinculados a la explotaci贸n minera los que han generado distintas trabas en el avance de la confecci贸n de este inventario, en especial en provincias con mayor actividad minera.

El saneamiento del Matanza鈥揜iachuelo.

El saneamiento de la cuenca Matanza鈥揜iachuelo (CMR) constituye uno de los temas de mayor trascendencia en t茅rminos de la agenda ambiental y que ha movilizado una gran cantidad de recursos en los 煤ltimos a帽os.

CMRLa llegada del nuevo gobierno gener贸 expectativas por cuanto las tres jurisdicciones que integran la autoridad de la cuenca (ACUMAR), corresponden a un mismo signo pol铆tico, lo cual alent贸, prima facie, la posibilidad de construir acuerdos m谩s urgentes y efectivos que imprimieran al organismo una din谩mica de gesti贸n diferente, que le permitiera romper el amesetamiento en que se encuentra desde hace un tiempo prolongado, tal como fuera denunciado por el Cuerpo Colegiado en julio de 2015[7].

La ACUMAR atraves贸 inicialmente una crisis en su conformaci贸n lo cual gener贸 la renuncia del Ing. Amilcar L贸pez nombrado al frente del organismo, quedando dicho cargo actualmente en manos del propio Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien ostenta actualmente la doble figura de Presidente de ACUMAR y de su 贸rgano ejecutivo.

Este hecho, que bien puede resultar anecd贸tico, permite ilustrar el grado de dificultad que existe para poder llevar adelante acciones coordinadas entre diferentes jurisdicciones, aun cuando las mismas provengan de un mismo espacio o color pol铆tico. Este tipo de acciones que resulta trascendente en materia de acci贸n ambiental, principalmente para un pa铆s que cuenta con un sistema federal de gobierno y en donde los recursos naturales se encuentran en poder de las provincias, ha sido uno de los factores que en definitiva han impedido la construcci贸n de una agenda ambiental colaborativa entre Naci贸n y provincias.

M谩s all谩 de las disputas, la poblaci贸n de la cuenca Matanza-Riachuelo continua reclamando la implementaci贸n de acciones urgentes que se orienten a dar cumplimiento al mandato judicial que ordeno, valga recordarlo hace ya casi ocho a帽os, llevar adelante el saneamiento integral de la cuenca bajo el cumplimiento de tres objetivos: a) mejorar la calidad de vida de la poblaci贸n, b) la recomposici贸n del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y c) la prevenci贸n de da帽os con suficiente y razonable grado de predicci贸n.

En este sentido y tal como lo demandara el Cuerpo Colegiado ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n[8] en julio de 2015, resulta necesario e impostergable que la ACUMAR inicie de manera urgente una serie de acciones, entre las que se destacan:

  • Reformulaci贸n del Plan Integral de Saneamiento (PISA), ordenado por la Justicia, el que deber谩 desarrollarse bajo un estricto perfil t茅cnico y con consulta y participaci贸n ciudadana;
  • Establecimiento de un nuevo sistema de control de vertidos de l铆quidos industriales, para lo cual se debe modificar de manera urgente y prioritaria las Resoluciones ACUMAR 1/2007, 3/2009 y 366/2010, de conformidad con los fundamentos expuestos en el documento del Cuerpo Colegiado a 7 a帽os del fallo Mendoza;
  • Generaci贸n de un sistema unificado para la habilitaci贸n de industrias en el 谩mbito de la CMR, principalmente aquellas con m谩s alto 铆ndice de complejidad ambiental y las situadas en zonas de riesgo;
  • Puesta en marcha de una auditor铆a integral sobre la gesti贸n y el cumplimiento de los Planes de Reconversi贸n Industrial (PRI) presentados por las empresas a fin de conocer el estado actual de los mismos;
  • Establecimiento de un plan para la erradicaci贸n de basurales ilegales de la cuenca, estableciendo las responsabilidades que corresponden a cada uno de los municipios en los cuales se encuentran situados, como as铆 tambi茅n, la remediaci贸n de los pasivos ambientales existentes;
  • Desarrollo de un plan integral para la gesti贸n de Residuos S贸lidos Urbanos (RSU) en el 谩mbito de la CMR, que contenga acciones espec铆ficas para las etapas de generaci贸n, disposici贸n inicial, recolecci贸n domiciliaria y diferenciada, transporte y disposici贸n final de residuos, y en donde se tome especialmente en cuenta las recomendaciones efectuadas por el Cuerpo Colegiado;
  • Elaboraci贸n de un estudio integral de riesgo para el Polo Petroqu铆mico de Dock Sud que prevea su relocalizaci贸n;
  • Implementaci贸n de un plan de ordenamiento ambiental del territorio que defina los usos y el destino que tendr谩 la cuenca;
  • Consolidaci贸n de las acciones de relocalizaci贸n de familias que habitan la sirga del Riachuelo, el cual se encuentra fuertemente retrasado, e identificar los barrios en riesgo ambiental a ser objeto de soluciones habitacionales.

La cuesti贸n energ茅tica

El sector energ茅tico tampoco escap贸 a la l贸gica dualidad de medidas que involucr贸 otras 谩reas de gobierno.

Por una parte, el flamante Ministerio de Energ铆a y Miner铆a de la Naci贸n (MEyM), dispuso en su organigrama de un espacio institucional importante para los temas que hacen a la agenda de la sustentabilidad energ茅tica. En este sentido, en el 谩rea de Planificaci贸n se destaca la creaci贸n de las Subsecretar铆as de Escenarios y Evaluaci贸n de Proyectos y la de Ahorro y Eficiencia Energ茅tica, mientras que en el 谩rea de Energ铆a El茅ctrica se dispuso la creaci贸n de la Subsecretar铆a de Energ铆as Renovables.

Aun cuando queda claro que la conformaci贸n de un espacio institucional no define 鈥減er se鈥 las pol铆ticas y acciones que en definitiva lograr谩n implementarse, dado que ello responde a un conjunto de variables que claramente trascienden a la esfera propiamente estatal. Pero implica s铆 una clara se帽al de la direcci贸n que se pretende imprimir a la gesti贸n en donde, prima facie, se busca priorizar el desarrollo de acciones de planificaci贸n energ茅tica, mediante la generaci贸n de escenarios energ茅ticos, experiencias que viene desarrollando Chile desde hace algunos a帽os y cuya implementaci贸n fue promovida por una serie de actores no gubernamentales y de sectores acad茅micos[9]. Esta es una experiencia que el Estado nacional busca potenciar como herramienta estrat茅gica de planificaci贸n energ茅tica.

De igual forma, se visualiza una fuerte apuesta a promover el desarrollo de las energ铆as renovables, para lo cual adem谩s de la creaci贸n de una subsecretar铆a espec铆fica, se dio r谩pida aprobaci贸n a la nueva reglamentaci贸n de la Ley N掳 27191 de Energ铆as Renovables, que fuera sancionada a finales del 2015. Dicha norma establece como objetivo, lograr una contribuci贸n de las fuentes de energ铆a renovables hasta alcanzar el 8% del consumo de energ铆a el茅ctrica nacional en un muy corto lapso de tiempo el 2017 y cuenta con instrumentos e incentivos destinados a promover la utilizaci贸n de este tipo de energ铆a para el cumplimiento de la meta prevista.

Sin embargo, la grave crisis por la que atraviesa el sector energ茅tico, llevo al gobierno de manera muy temprana a adoptar una serie de medidas, algunas de las cuales generaron un gran impacto en los ingresos de la poblaci贸n, como sucedi贸 con el incremento extraordinario de las tarifas el茅ctricas, mientras que otras se encuentran re帽idas con la agenda de sustentabilidad energ茅tica que las nuevas instituciones creadas por el propio estado buscan promover. Nos referimos puntualmente al mantenimiento del subsidio al precio del petr贸leo crudo que reciben las compa帽铆as petroleras que operan en el pa铆s, y que les permite vender el petr贸leo crudo en el mercado interno a un precio mucho m谩s elevado que el del mercado internacional.

Tales subsidios fueron implementados por el gobierno de Cristina Fern谩ndez de Kirchner, mediante las Resoluciones N潞 14/2015 y 33/2015, por el cual se dispuso una compensaci贸n econ贸mica a todas las compa帽铆as que extraen o exporten crudo en la Argentina, que les garantizaba un precio interno sost茅n del barril del petr贸leo, superior a la cotizaci贸n internacional[10].

Esta decisi贸n del gobierno nacional va a contramano de la quita de subsidios y aumentos de las tarifas del sector el茅ctrico y las que se anuncian para el gas, que afectar谩n de manera directa a la mayor parte de los hogares argentinos.

De igual forma, y m谩s all谩 de las razones que seg煤n el gobierno justifican la aplicaci贸n de los subsidios al sector petrolero (mantenimiento de empleos y producci贸n de petr贸leo), dicha decisi贸n no hace m谩s que reforzar la vigencia de una matriz energ茅tica fuertemente concentrada en torno a los derivados de los hidrocarburos, impidiendo el crecimiento por v铆a de precios de fuentes de energ铆as renovables, al mismo tiempo que afectan de manera directa otros compromisos en materia de cambio clim谩tico a los que el pa铆s ha adherido y en donde resulta imperioso promover pol铆ticas y decisiones que tiendan a disminuir las fuentes de generaci贸n de gases que producen efecto invernadero.

Vaca muertaEn este contexto tambi茅n se enmarca la disputa por el acceso a la informaci贸n contenida en el contrato secreto suscripto entre la empresa YPF SA y Chevr贸n, para el desarrollo de la explotaci贸n de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta聽 en la provincia de Neuqu茅n. Recordemos que en dicho caso, el ex Senador Giustiniani (Partido Socialista de Santa Fe) promovi贸 una acci贸n judicial y obtuvo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n, que se encuentra firme y le ordena a la empresa YPF SA la entrega y publicaci贸n del mencionado contrato[11].

Sin embargo, la orden impartida por el m谩ximo tribunal no ha podido ser cumplimentada hasta el presente, dado que la empresa entreg贸 a la justicia una copia del contrato pero testada en aquellas cl谩usulas que considera confidenciales y/o sensibles, arrog谩ndose con ello funciones que solo corresponden a la justicia.

Dicha situaci贸n fue avalada adem谩s por la Oficina Anticorrupci贸n, quien en respuesta a un pedido de informes realizado por FARN, en donde se le solicitaba conocer su posici贸n en relaci贸n a la negativa de la empresa a dar a publicidad el mencionado contrato, expres贸 que la empresa hab铆a fundamentado razonablemente el alcance de las excepciones invocadas para no dar a publicidad el mencionado contrato.

La resoluci贸n del presente caso resulta importante por cuanto permitir谩 conocer el grado de vigencia efectiva de un derecho b谩sico y fundamental para la protecci贸n del ambiente como es el de acceder a informaci贸n p煤blica, el compromiso de las autoridades de garantizar el acceso al mismo, aun cuando se trate de informaci贸n sensible y el de hacer cumplir los mandatos de la justicia, aspectos que resultan centrales para garantizar la construcci贸n de una agenda de sostenibilidad.

Construir una agenda de sustentabilidad con lugar para lo urgente y lo importante

Como puede observarse, en relaci贸n con la agenda ambiental en el actual gobierno conviven dos tendencias bien diferenciadas. Por un lado, las que han llevado a la creaci贸n de nuevos espacios institucionales tales como el Ministerio de Ambiente u organismos espec铆ficos dentro del Ministerio de Energ铆a y Miner铆a, que promueven la construcci贸n de escenarios de planificaci贸n energ茅tica en la b煤squeda de una matriz energ茅tica m谩s diversificada y menos dependiente de los combustibles f贸siles.

Sin embargo, el mismo gobierno ha ido adoptando otro grupo de medidas tales como la eliminaci贸n de los derechos de exportaci贸n a los productos mineros y agropecuarios o el sostenimiento de los precios de producci贸n del petr贸leo por encima de valores internacionales, que privilegian el mantenimiento del statu quo, y que socavan la construcci贸n de una agenda de sostenibilidad.

En este sentido, la agenda ambiental aparece una vez m谩s escindida de aquellas que gobiernan los aspectos sociales y econ贸micos. Es primordial entonces que en momentos en que existen dificultades econ贸micas, las decisiones que hacen al desarrollo no se vac铆en del contenido ambiental, ni se generen retrocesos en los est谩ndares de protecci贸n de derechos ya reconocidos.

La construcci贸n de esta agenda, como todos los temas que hacen al ambiente, demanda una mirada de largo plazo en las distintas etapas de planificaci贸n. Para ello es clave contar con instituciones fortalecidas, que transciendan las demandas de la coyuntura y en las cuales la urgencia del corto plazo no termine imponiendo el rumbo definitivo de las pol铆ticas. Esto, adem谩s, es particularmente importante en el actual contexto, en el cual Argentina se encamina a la b煤squeda de inversiones extranjeras; proceso que deber谩 contar con las m谩ximas precauciones y salvaguardas en materia ambiental, y teniendo particularmente en cuenta los impactos concretos que puedan darse sobre territorios, en donde se deber谩n tomar medidas activas para involucrar a los actores y comunidades locales y en particular, a los sectores sociales desventajados como es el caso de los pueblos originarios, acatando su derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado.

En este sentido, en nuestro pa铆s, hay un enorme potencial de sinergias y complementariedad entre las pol铆ticas de protecci贸n ambiental y las agendas de lucha contra la pobreza y mejora de calidad de vida de los sectores sociales m谩s vulnerables, como as铆 tambi茅n, con las estrategias y pol铆ticas de competitividad. Nos encontramos ante una buena oportunidad para que el Estado retome la iniciativa e inicie un proceso de construcci贸n de una agenda ambiental dialogada, informada y participativa, que atienda las necesidades del presente, incorporando una mirada de largo plazo que permita la integraci贸n de los aspectos ambientales a todas las decisiones que hacen al desarrollo.

[1] El autor agradece la colaboraci贸n prestada por P铆a Marchegiani, Mar铆a Marta Di Paola, Daniel Ryan, Enrique Maurtua Konstantinidis y Mar铆a Emilia Garro Vidal en la revisi贸n del presente art铆culo.

[2] Merlinsky, Gabriela.聽 Introducci贸n. La cuesti贸n ambiental en la agenda p煤blica. Cartograf铆as del conflicto ambiental en Argentina Gabriela Merlinsky (compiladora). CLACSO –聽 Fundaci贸n CICCUS, 2013.

[3] FARN junto con Greenpeace elaboraron un documento que fue recibido por el propio Ministro, quien adem谩s promovi贸 un di谩logo abierto con otros funcionarios de su equipo para analizar las mencionadas propuestas. FARN 鈥 Greenpeace. 10 medidas para 100 d铆as de gobierno. Enero 2016.聽 http://farn.org.ar/archives/20336

[4] http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=noticias&idarticulo=14597&idseccion=12

[5] http://www.perfil.com/politica/Evaluan-un-posible-cierre-de-la-mina-Veladero-de-Barrick-Gold-20160404-0032.html

[6] Otros beneficios son el reintegro de IVA (Ley N掳 25429), exenci贸n del impuesto a los cr茅ditos y d茅bitos en cuentas corrientes (Decreto PEN N潞 380/2001) y durante los primeros 5 a帽os de concesi贸n se exime a las empresas de cualquier gravamen o impuesto, nacional, provincial o municipal, que no sean el canon de ley, la retribuci贸n de servicios o los sellados de normales de ley (art铆culo 214 del C贸digo de Miner铆a).

[7] Informe especial del Cuerpo Colegiado, a siete a帽os del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n. http://farn.org.ar/archives/18475

[8] Informe especial Cuerpo Colegiado. Op cit.

[9] Plataforma Escenarios Energ茅ticos 2035. Resumen y conclusiones para un futuro energ茅tico sustentable. CEARE. ITBA. FARN. AVINA. 2016. http://www.escenariosenergeticos.org/fotos/downloads/2015/08/EEA-2035_digital.pdf

[10] El ministro de Energ铆a聽 anunci贸 que el precio del petr贸leo crudo, dependiendo de su calidad, se pagar谩 en Argentina entre u$s 67,50 y u$s 54,90, cuando el precio promedio actual en el mercado internacional oscila entre u$s 38/40.

[11] Giustiniani, Ruben. Ver art铆culo sobre la materia en este Informe Anual FARN 2016.