Por Andrés Nápoli (Director Ejecutivo – FARN) – Al leer los diferentes artículos que conforman el Informe Ambiental FARN 2014[1], queda claro que la cuestión ambiental en Argentina ha experimentado, a lo largo de más de 15 años, un creciente nivel de conflictividad social. Esta cuestión se ha expresado mediante luchas, acciones y reclamos en defensa del ambiente, la mejora de las condiciones de vida de la población y en contra de la explotación indiscriminada de los recursos naturales.
Tales demandas fueron sostenidas por vecinos, organizaciones sociales y ciudadanas, pueblos originarios y sectores campesinos, que lograron (con diverso grado de éxito) hacer visibles problemáticas que los afectaban hasta situarlos, en algunos casos, como parte de la agenda pública. Existen varios ejemplos de lo mencionado anteriormente. Algunos iniciados hace más de una década, como el caso de la mina de oro en las proximidades de Esquel (en la provincia de Chubut) o la imponente movilización social que se desarrolló a partir del año 2004 en Gualeguaychú, contra la instalación de la fábrica de pasta de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, sobre el Río Uruguay.
Otros reclamos más recientes tuvieron como protagonistas a los vecinos de los pueblos de zonas agrícolas de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, quienes reclamaron el cese de las fumigaciones con agrotóxicos en los barrios aledaños a los sembradíos. O el caso de Famatina, en la provincia de La Rioja, donde en el año 2006 se inició una lucha que impidió la instalación de un proyecto de megaminería metalífera en el cerro que lleva el mismo nombre de la ciudad, conflicto que de alguna manera representa lo que sucedió en la mayoría de las comunidades donde se promovió la instalación de tan devastadores proyectos, y más grave aún, sin tener en consideración la opinión de la gente que habita en la región.
El nivel de protesta socio-ambiental no ha cesado con el paso del tiempo, sólo considerando los reclamos vinculados con la explotación de los recursos naturales, existen en la actualidad más de 40 puntos de conflicto en, al menos, 12 provincias, lo que confirma que tanto las causas de los conflictos como la tipología del reclamo continúan vigentes.
Sin embargo, la temática ambiental no ha logrado ocupar en los últimos años un lugar destacado dentro de la agenda pública, y fueron pocas las medidas, planes o iniciativas que lograron transformarse en políticas públicas destinadas a atender a este tipo de situaciones.
Por ello, el paso de la agenda ambiental ha sido marcado por factores externos a la iniciativa política y gubernamental. En este sentido, se destacan aspectos tales como las situaciones de emergencia, los reclamos y movilizaciones sociales y los fallos judiciales. Como ejemplos de cada uno de ellos podemos mencionar: a) las inundaciones sufridas en la Ciudad de La Plata durante el año 2013, b) las múltiples movilizaciones sociales, algunas de las cuales hemos mencionado en los párrafos anteriores, c) la judicialización de la problemática del Río Matanza–Riachuelo y la deforestación en la provincia de Salta.
Tales factores, algunos de los cuales se dieron de manera conjunta, hicieron posible que situaciones de gran relevancia socio–ambiental, en las que generalmente existía omisión o respuesta insuficiente por parte del Estado, fueran incorporadas dentro de la agenda pública, ya sea mediante la puesta en marcha de acciones o planes de respuesta a las demandas efectuadas, la sanción de normativas específicas, la creación de instituciones especiales o la implementación de políticas públicas.
Si observamos la gestión ambiental desarrollada durante el año pasado veremos que no escapó a la lógica descripta anteriormente. En consecuencia, los resultados han sido magros, tanto a nivel nacional como local, ya que más allá de algunas cuestiones puntuales, no es posible encontrar hitos o logros que vislumbren una mejora en la situación ambiental.
Como puede observarse, nuestro país cuenta con un conjunto importante de problemáticas socio-ambientales, que afectan la calidad de vida de habitantes de diversas partes del territorio y que reclaman una decidida intervención de quienes tienen la obligación de garantizar la vigencia de los derechos.
Sin embargo y pese a los reclamos, movilizaciones y las acciones judiciales desarrolladas por las diversas expresiones ciudadanas, la temática continúa alejada de la agenda pública. De igual manera, tanto los planes como las prioridades fijadas por el gobierno nacional tampoco traen novedades en esta materia, aun cuando continúa vigente gran parte de los conflictos iniciados años atrás, y se han incorporado en el horizonte otros nuevos que demandan la atención de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de garantizar la vigencia de los derechos.
Esta situación resulta particularmente preocupante además por cuanto, tal como se apunta en el presente Informe, durante el corriente año se negociarán los objetivos de desarrollo sostenible, que compondrán la agenda del desarrollo para la próxima década y que deberán ser acordados en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En este contexto, resulta de fundamental importancia el sostenimiento de la agenda ambiental, el cual más allá de las acciones que puedan concretarse en el plano gubernamental, seguirán dependiendo del nivel de participación e involucramiento que puedan expresar los ciudadanos.
