El asesinato de un hombre de La Plata, supuestamente cometido por un menor de 15 años, volvió a la primera plana la reflexión sobre la responsabilidad penal de los menores de 16. Mientras, se aguarda la discusión en la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto de ley que tiene media sanción de Senadores y que propone bajar la imputabilidad a 14 años y crear un sistema judicial juvenil. Especialistas y organizaciones sociales son cautos en torno a la norma mientras cuestionan el actual sistema que, aseguran, recae siempre sobre los chicos pobres.
La encendida polémica, se da en un marco de creciente preocupación ciudadana en torno a la inseguridad y la consecuente amplificación por parte de los medios masivos. En tanto gran parte de la ciudadanía reclama la baja de la edad de imputabilidad, estadísticas locales e internacionales ofrecen un contrapunto notable para abordar la problemática. Según la Oficina de ONU para el control de drogas y prevención del crimen, Argentina presentó en 2008 una tasa de 5,2 crímenes cada 100 mil habitantes. Se trata de una de las más bajas de América, por debajo de países más “prestigiosos” en la materia, como Chile y Uruguay. Brasil, por caso, cuatriplica a la Argentina. La Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente del reciente Ministerio de Seguridad nacional, ofrece cifras similares: para el ente argentino en 2008 se registraron 2305 delitos, 5,8 cada 100 mil. A diferencia de cierto relato aceptado, el país ha disminuido notablemente su tasa de delitos desde 2002, cuando el número de homicidios era de 3453, una tasa de 9,2 cada 100 mil.
En 2009, cuando el debate recrudeció a niveles similares a los actuales, el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Nils Kasberg, recorrió diferentes medios nacionales con números que exigen un cambio de enfoque: según sus estadísticas, de cada 2000 homicidios dolosos ocurridos en el país sólo 50 son cometidos por menores de 16 años (¡alrededor del 2,5%!).
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, según las cifras de la oficina de investigación y estadísticas político – criminales de la Procuración General de la Nación, sobre la base de los delitos denunciados por las fiscalías de menores porteñas, entre 2007 y 2008 disminuyó el número de chicos acusados y condenados por delitos.
En una entrevista con Capítulo Infancia de Periodismo Social (programa que cuenta con el apoyo de UNICEF, y de las empresas Arcor y C&A), el Juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni cuestionó la paranoia en torno al tema e incluyó la responsabilidad de los medios de comunicación: “La noticia se magnifica y si el enemigo hace algo, eso es lo más grave que hay (…) los delitos provocados por los menores de 16 años en el país no pasan del 1%. Lo que predomina son los homicidios entre gente que se conoce, entre familiares. Con respecto a los pibes, en general son hurtos y lo que pasa con los medios es que levantan el discurso policial”. En el libro que aborda el tema, publicado por el mismo programa se critica duramente el enfoque de los medios gráficos en torno al llamado delito juvenil: en general sólo se considera la opinión policial, no se citan fuentes alternativas y en el 65% de las referencias a los menores se incluyen términos peyorativos.
El propio caso del terrible asesinato del hombre en La Plata, que disparó el debate, es un buen ejemplo para reflexionar sobre la problemática, aunque no en el sentido en que se lo hizo en los grandes medios. Esa reflexión debe incluir al arbitrario accionar de la policía bonaerense, que detuvo a un menor aunque dos testigos lo vieron en el mismo momento a un par de cuadras del lugar del hecho. También, el de los medios que aceptaron acríticamente el relato de las fuerzas de seguridad y luego volvieron a la carga con el debate sin contemplar otras aristas que no fuera la represión de los chicos. Un par de semanas después la bonaerense mató por la espalda a dos jóvenes en un confuso hecho en José León Suárez, San Martín. En ese caso, la situación no despertó ninguna discusión en torno a los menores más vulnerables, que en realidad son víctimas antes que victimarios.
Jóvenes y vulnerables
Actualmente el sistema penal de menores que rige la Argentina se encuentra conformado por una combinación de marcos legales: el código procesal penal, el régimen penal de la Minoridad y la ley de Patronato de Menores. En ese contexto, la responsabilidad alcanza hasta los menores de 16 años. En una charla con el Id Metropolitano, Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), describió: “el actual sistema es discriminatorio, selectivo, estigmatizante; persigue a los más pobres, los más vulnerables. Y cuando los detiene, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.”
Desde todos los sectores especializados en el tema cuestionan el actual esquema y en cambio proponen la implementación de un régimen específico para menores que ponga el acento en la protección del chico, que garantice instancias que defiendan sus derechos y que soslaye el encierro como castigo.
El actual proyecto aprobado en la cámara de Senadores concluye con la ley de Patronato y avanza en la construcción de un régimen juvenil. De esta manera, el país podría adecuarse a una exigencia de la Convención de los Derechos del Niño a la que adhirió el Estado nacional. Por otro, propone la baja de la imputabilidad a 14 años. Sobre este punto emergieron las discrepancias entre los diputados. Desde el kirchnerismo y el centroizquierda prefieren mantener la edad actual. “Es un buen proyecto, se trata de cambios necesarios. Todos los bloques menos el PRO firmamos un dictamen para aprobarlo pero rechazando un solo punto, el de la baja de la edad”, aclaró a Id Metropolitano, el diputado kirchnerista Raúl Barrandeguy, de la comisión de Legislación Penal.
Justamente es ese punto el que genera mayor discusión. La Red por los Derechos de los Niños, que nuclea a un conjunto de organizaciones territoriales que trabajan con chicos, también repudiaron esa parte de la norma. “Es casi una trampa perversa. Para empezar, si se bajara la edad de imputabilidad, ya podría afirmarse legalmente que una chica o chico de 14 años puede ser una delincuente. Y esto genera un cambio absoluto de paradigma en los numerosos actores que intervienen en el tema”, argumentaron en un documento (disponible en www.redxder.org.ar ). “Bajar la edad de imputabilidad significa también someter a un chico o chica de 14 años a un régimen de justicia penal. Y si bien creemos necesario terminar con el patronato, nos quedan todavía muchas reservas respecto de la creación de un régimen así y que alcance a los que tienen 14 años, ya que el ejemplo del funcionamiento de los regímenes penales lo tenemos en el sistema de adultos”, concluye el documento.
Los espacios especializados coinciden en la necesidad de contemplar la vulnerabilidad de los jóvenes, antes que su supuesta peligrosidad. Según el CENSO del 2001 en el Gran Buenos Aires viven casi 2,5 millones de jóvenes (entre los 10 y los 24 años). La desocupación golpea a ese sector en un promedio superior a la media nacional. Actualmente se encuentra en niveles cercanos al 15%, cuando en el Conurbano el desempleo general es del 9,2 y la subocupación del 10,6%. En una entrevista con el Id Metropolitano, el ex ministro de Desarrollo bonaerense Daniel Arroyo señaló que uno de los principales déficit en el GBA es el universo de “400 mil jóvenes que no trabaja ni estudia (en el país suman 900 mil)”.
Para el especialista esa situación requiere políticas sociales que se propongan como “nuevas intervenciones estatales. Un tema central se llama jóvenes. Se requiere acciones que propongan un salto cuantitativo. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Hay que pensar en la dimensión de la asignación universal. También hay que modificar el sistema secundario. Hoy un chico abandona a los 11, vuelve a estudiar a los 15 y vuelve con los pibes de 11”.
Algunas intervenciones estatales buscan atenuar el déficit. La Asignación Universal por Hijo, que propone una suma de 220 pesos para los menores de 18 años que viven en familias vulnerables o el programa provincial Envión, que ofrece becas y talleres de capacitación a chicos entre 12 y 21 años. El plan nacional Jóvenes con Más y Mejor Trabajo está destinado a casi 200 mil entre 18 y 24 años e incluye acciones destinadas a la finalización del ciclo escolar obligatorio y a la formación profesional. Se brindan talleres a chicos en villas y barrios precarios. Mariana Bardisa es politóloga y tallerista del programa en Ciudad oculta, Villa Soldati: “Los chicos responden, están interesados en aprender y crecer. Les faltan muchas herramientas, como por ejemplo, algo que puede parecer básico como crear un currículum. Venimos de años de degradación de la cultura del trabajo formal”, describió a Id Metropolitano.
