POR GUSTAVO SIBILLA – DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PRESUPUESTO PÚBLICO – Uno de los fenómenos globales más disruptivos que habrá caracterizado el inicio del siglo XXI será el proceso de masificación de Internet y de los servicios móviles de telecomunicaciones. Mientras en el año 2000 existían apenas 350 millones de usuarios de Internet en el planeta (5% de la población mundial), en 2007 ese número había trepado a 1.375 millones (20 %) y en 2015 a 3.200 millones (40%). Es decir, una octuplicación de la tasa de penetración mundial de Internet en los primeros quince años del nuevo siglo. En paralelo, el acceso al servicio de telefonía celular también experimentó su raid explosivo; mientras en el año 2000 aún no se había llegado a los 1.000 millones de suscripciones (16% de la población mundial), en 2007 se registraban 3.370 millones (51 %) y en 2015 ya 7.210 millones (98%), con países como China e India superando largamente los 1.000 millones de celulares cada uno. En simultáneo, la evolución del hardware y software de estos dispositivos y la proliferación de redes inalámbricas dieron vida a los teléfonos inteligentes. En tiempos históricos en una chispa, cientos de millones de personas que antes debían sentarse frente a un ordenador de escritorio ocupando su línea fija, pudieron acceder de repente, desde la palma de sus manos y con libertad de movimiento, a un intercambio cuasi-infinito de datos con la Web.
En Argentina, mientras en el año 2000 solo un 7% de la población era usuaria de Internet, en 2007 ese número ya había aumentado a 26% y en 2015 a 69%. Por su parte, las suscripciones de telefonía celular pasaron en los mismos años de 6,5 millones (18% de la población) a 40,4 millones (103%) y 60,7 millones (144%).
Los registros son elocuentes. Vivimos en un mundo cuyos atributos de interconexión e instantaneidad pertenecían al campo de la ciencia ficción hace unas décadas atrás. Esta emergente realidad trae consigo un desafío mayúsculo para los responsables de la gestión pública habilitando una dinámica inédita de vinculación entre los ciudadanos y sus gobiernos, al facilitar tanto consultas y gestiones remotas -en tiempo real- como así también mejoras en la capacidad de respuesta. Asimismo, permite generar canales más fluidos de participación ciudadana en la formulación y control de políticas públicas.
Sin embargo, a pesar de esta montaña de evidencias, el relevamiento indica que los sucesivos gobiernos argentinos no han sabido explotar las bondades de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) para mejorar radicalmente su funcionamiento. Siendo un país miembro del G-20, con un nivel de desarrollo humano “muy alto” y contando con un perfil dinámico de exportación de servicios informáticos, lo cierto es que la performance “puertas adentro” en esta materia ha sido poco satisfactoria.
En el año 2010, la República Argentina se ubicaba en la posición 48 dentro del Ranking de Gobierno Electrónico que desde 2003 realiza Naciones Unidas. Dos años más tarde retrocedió 8 posiciones (56) y en 2014 avanzó 10 (46). Aún con el registro de esta última mejora, el país se encuentra rezagado respecto a otros de desarrollo similar en la región, como Chile (33) o Uruguay (26), sin mencionar, desde luego, a países como Corea (1), Nueva Zelanda (9) España (12), Estonia (15), Israel (17) o Irlanda (22).
El componente en el que Argentina ha mostrado mayor atraso respecto a sus vecinos inmediatos ha sido el correspondiente a la oferta de servicios online. Tales servicios refieren a la cantidad de información suministrada por distintas agencias oficiales, así como a la sofisticación de las herramientas provistas para realizar transacciones en línea.
Ahora que se ha aprobado la Ley de Acceso a la Información en la Argentina, sería muy bienvenido que su autoridad de aplicación establezca un estándar mínimo de identidad digital para todas las áreas de gobierno. Un núcleo que especifique los datos de publicación obligatoria respecto a: 1) funciones; 2) marco normativo; 3) plan estratégico; 4) autoridades; 5) recursos humanos; 6) contrataciones; 7) proyectos; 8) presupuesto; 9) metas operativas, etc.
Sin la debida apertura y claridad se mutila de evidencias al debate de las políticas públicas. No es posible en la opacidad discriminar hechos objetivos de interpretaciones subjetivas, ni desnudar tergiversaciones intencionadas. Sin un adecuado nivel de transparencia es imposible determinar si el esfuerzo colectivo de la Comunidad está siendo invertido en forma honesta y productiva por quienes transitoriamente ejercen el gobierno.
