POR ELISABET CONTRERA – Tras décadas de desidia y abandono, el agua del Riachuelo está menos turbia. Fue necesaria la intervención de la Corte Suprema de Justicia para que el Estado (en sus diferentes estamentos) empezara a saldar la deuda con el ambiente y la salud de la población. Relocalización de las familias afectadas por la contaminación, extensión de las redes de agua potable y cloacas, creación de centros de atención de salud y epidemiológicos, eliminación de basurales, reconversión y clausura de empresas, son algunas de las medidas impulsadas durante este año. Las ONGs a cargo del control del trabajo celebran los avances, reclaman mayor participación y una agenda a futuro, en tanto presentan la plataforma ambiental “¿Qué pasa Riachuelo”?.
La cuenca Matanza Riachuelo atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y más de diez municipios del conurbano bonaerense. Empresas contaminantes, cientos de familias y basurales conviven a la vera del río. En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas por daños y perjuicios por la contaminación del Riachuelo. Cuatro años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia histórica, en la cual ordenó el saneamiento a los tres gobiernos responsables En los primeros dos años fue poco y nada lo que se hizo para cumplir con el mandato judicial y comenzaron a llover las multas.
A partir de diciembre de 2010, el panorama comenzó a cambiar, cuando asumió al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, Juan José Mussi. El ex intendente de Berazategui pasó a presidir la Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo (ACUMAR), organismo integrado por los tres Estados demandados a cargo de llevar adelante las obras y medidas dispuestas por la Justicia.
Uno de los espacios de debate desarrollado en el Foro Metropolitano edición 2011, que se realizó el 9 y 10 de noviembre en la Universidad Nacional de la Matanza, estuvo destinado a analizar los avances logrados hasta el momento, enumerar las deudas pendientes e identificar los obstáculos y trabas para continuar con el plan de saneamiento.
Javier Corcuera, presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y representante porteño en ACUMAR, integró el panel que abordó el tema y si bien durante su exposición detalló el trabajo realizado durante este año, se sinceró frente a los tiempos que llevará limpiar la cuenca. “No se podrá realizar en cuatro años, sino que llevará décadas”, sostuvo. “Si se sigue en esta línea de trabajo interjurisdiccional, probablemente lo lograremos, pero es necesario mejorar el trabajo y diálogo entre las partes”, aventuró. La relocalización de las familias que viven sobre el camino de sirga es una de las deudas de la Ciudad. Las obras no avanzan al mismo ritmo que los municipios del conurbano bonaerense. “Tuvimos problemas con la disponibilidad de lugares donde reubicarlos, pero logramos avanzar”, aclaró. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), integrante del cuerpo colegiado a cargo del seguimiento de las obras, denunció que los procedimientos en la Ciudad se realizan sin respetar los derechos de las familias afectadas, que no cuentan con información clara, son trasladados a lugares distantes y sin los servicios públicos básicos.
Otro de los actores involucrados que participó en la mesa de expositores del VIII Foro Metropolitano fue Alberto de Fazio, subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires y representante provincial en ACUMAR, quien enumeró algunas de las medidas impulsadas durante 2011 y remarcó que “La prioridad es mejorar la calidad de vida de los 3 millones de personas que no tienen cloacas ni agua, no acceden a una vivienda digna y viven entre los basurales producto de la catástrofe ambiental que representa la Cuenca”. También analizó las dificultades para llevar adelante las medidas dispuestas por la Justicia entre los tres Estados y cumplirlas en los plazos judiciales. “El trabajo interjurisdiccional choca con el diseño institucional y los organismos de la Constitución. Es una tarea importante hacer entender que estamos cumpliendo un fallo, lograr romper con las verdades absolutas, como los procedimientos establecidos para contratar un servicio o llamar a una licitación”, explicó. También envió un mensaje a los municipios: “Empezaron a internalizar lo que es ACUMAR. Como no eran condenados por la Justicia no hacían nada, ahora sí, cambiaron la actitud”, señaló.
Por su parte, Oscar Deina, presidente ejecutivo de ACUMAR, resaltó los logros conseguidos en los últimos meses. “Los indicadores de limpieza del agua se verán a futuro, pero hay otros indicadores que dan cuenta del avance: 400 empresas en proceso de reconversión, 8 millones de pesos destinados a inversión en infraestructura, recolección de 93 mil toneladas de basura, 84 por ciento de liberación del camino de sirga, 360 empresas contaminantes clausuradas, 3 mil viviendas construidas y 5 mil para ejecutar, la creación de cinco ecopuntos, 15 unidades sanitarias fijas para la atención de la población, la creación del hospital de Cañuelas”, enumeró. Con respecto a la política impulsada por ACUMAR con las miles de empresas radicadas a la vera del Riachuelo, sostuvo: “Necesitamos que la cuenca se vuelva sustentable. Siempre se priorizó el trabajo y ya conocemos las consecuencias. Hoy la prioridad es la salud por sobre el trabajo. En este nuevo esquema, necesitamos una industria responsable”. El funcionario destacó la creación del Plan Producción Limpia para Todos, un programa de financiamiento para colaborar con la reconversión de las pymes. La idea es conservar las miles de puestos de trabajo, pero a su vez eliminar las fuentes de contaminación.
El panel también estuvo integrado por Andrés Nápoli, Director de Participación Ciudadana de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien lidera el trabajo de las ONG en la Corte Suprema de Justicia y cuya misión es controlar la labor de ACUMAR. Napoli resaltó la importancia del fallo de la Corte porque “motorizó el debate y la necesidad de avanzar en el saneamiento, aunque no se cumpla en los plazos establecidos por la Justicia,” pero a la vez enumeró algunas críticas. Además consideró que los problemas de gestión a los cuales se refirió Alberto de Fazio se podrían haber evitado si en su momento se avanzaba en la conformación y firma de un tratado interjurisdiccional que comprendiera reglas claras y específicas para lograr lo dispuesto por el fallo de la Corte. “Nosotros lo propusimos y no nos escucharon”, se quejó. También reclamó una agenda a futuro que piense sobre el ordenamiento territorial de la zona y la creación de un registro público de contaminantes al que tenga acceso toda la población. “Además, necesitamos saber el número de los sectores de población afectados por la contaminación y las enfermedades que se han generado por la contaminación”, planteó.
Con el objetivo de seguir colaborando en este sentido, las organizaciones que trabajan el tema y que integran el Espacio Matanza Riachuelo (entre ellas FARN, Fundación Metropolitana, la Fundación Ciudad, Greenpeace y la Asociación Vecinos La Boca) presentarán el próximo 1 de diciembre la plataforma online “¿Qué pasa, Riachuelo?”, con información basada en datos públicos y con el objetivo de visualizar la situación ambiental de la Cuenca. La presentación se realizará a las 18.30 hs en el auditorio de la Fundación PROA, con entrada libre y gratuita, e inscripción haciendo click aquí
“¿Qué pasa, Riachuelo?” ofrece información que permite visualizar lo que sucede en la Cuenca, mediante el mapeo y la georreferenciación de información ambiental de las industrias, basurales a cielo abierto y población en situación de riesgo que habita el territorio. Además, a través de la plataforma los vecinos podrán reportar y localizar problemas ambientales, mediante la generación de alertas territoriales.
Elisabet Contrera
