En el marco de promover el diálogo con diferentes actores claves para la gestión en nuestros territorios, entrevistamos a Francisco Suárez, Director Provincial de Residuos Especiales del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Tuvimos la oportunidad de conversar sobre las multas a empresas a través de la implementación de la Ley Nacional 27.279 sobre la gestión de recuperación de envases fitosanitarios, y la gestión de estos residuos. Además, se hicieron algunas menciones sobre el horizonte futuro en materia de residuos.
Implementación de la Ley Nacional 27.279 en la provincia de Buenos Aires
En la primera parte de la entrevista, Francisco Suárez explicó en profundidad que establece la Ley Nacional 27.279 sobre envases fitosanitarios la cual es “la primera ley de envases que hay en Argentina desde el 2016”. Esta ley tiene como objetivo la trazabilidad de los envases fitosanitarios generados por las empresas para que ellas sean responsables de sus envases y así garantizar un correcto tratamiento.
Además, Suárez nos comentó sobre el sistema de trazabilidad implementado por la provincia de Buenos Aires y los 3 caminos posibles del envase. “Una vez que se comercializa en las agronómicas, el productor debe hacer un triple lavado luego de su utilización para sacarle los restos de agroquímicos y perforar. Esto solo es posible en tanto y en cuanto el contenido sea soluble en el agua. Luego tiene 3 opciones: llevarlos a la misma agronómica que se lo vendió, a un Centro de Acopio Transitorio (CAT) o a las convocatorias que hacen los municipios o Campo Limpio, sobre puntos móviles de acopio que luego terminan en un CAT”, mencionó Suárez.
Con respecto al sistema de trazabilidad, Francisco destacó que “según la ley, se concibe que quienes son responsables pueden asociarse y presentarse para responder el camino de reversa de los envases. Los productores agroquímicos se asociaron en “Campo Limpio”, donde hay registradas 99 empresas, entre ellas, Bayer/Monsanto, Syngenta y Dupont. Además, la ley establece que estas empresas deben presentar una declaración jurada de los envases que utilizan para después hacerse responsables de su correcto tratamiento.”
Para lograr el acatamiento a la ley, Suárez destacó que se han realizado numerosas capacitaciones y eventos con las empresas para ir mejorando la trazabilidad aunque todavía queda un camino muy largo por delante. Esto se debe a que en la declaratoria del 2020 sobre la recuperación de envases sólo se habían rastreado el 5%, “luego se mejoró un poco y las empresas lograron recuperar un millón de envases por sobre 13 (alrededor del 8%). Igualmente todavía hay 12 millones de envases sobre los que no tenemos trazabilidad y no sabemos a dónde van”.
Debido a esta falta de acatamiento a la ley, el OPDS aplicó multas establecidas en el marco de la ley para lograr la trazabilidad esperada.
Multas por falta de acatamiento a la ley
“Como organismo ambiental, en un primer momento hemos apercibido, luego hicimos la primera sanción y, por último, la multa al ver que no había una gran mejora en las acciones de Campo Limpio. No se habían adecuado como para responder. Nuestra cultura no es sancionatoria, es una postura en la que primero velamos por llegar a acuerdos teniendo en cuenta que las medidas ambientales son progresivas. Pero al ver que después de un año se mejoró muy poco, se decidió sancionar a 26 empresas”, destacó el Director Provincial de Residuos Especiales del OPDS.
Las multas se establecieron luego de que el OPDS realizó, reiteradas veces, mesas de diálogo con la asociación representante de todas estas empresas agroquímicas, Campo Limpio. De esta forma, Suárez destacó que “lo que nosotros acordamos para este año no fue unilateralmente, fue acordado como compromiso a través de Campo Limpio pero ellos no cumplieron lo prometido”.
Al haber presentado las primeras multas a 26 empresas que habían utilizado más de 100 mil envases sin haber realizado el correcto tratamiento, arrancó un proceso de diálogo para lograr el compromiso por parte de las empresas.
Otras experiencias internacionales
Luego de haber mencionado los problemas con respecto al acatamiento de la ley, Francisco Suárez nos comentó sobre las experiencias internacionales, particularmente en Brasil. El entrevistado mencionó que en el país vecino “vemos que está la misma asociación (Campo Limpio), las mismas empresas pero están llegando a más del 90% del tratamiento de los envases en este país.” De esta forma, se consultó sobre la experiencia legal brasileña para entender porque eso se logró en el país vecino pero no en Argentina.
Suárez destacó, “es cierto que están en Brasil hace más años pero la progresión fue rápida. En Argentina la ley se sancionó en 2016 y si sumamos 3% por año no vamos a ningún lado e imagínense que la provincia de Buenos Aires es donde mejor se está trabajando el tema. Acá estamos hablando de un doble estándar. Las mismas empresas, las mismas asociaciones que gestionan la responsabilidad ambiental. Además, los daños ambientales no tienen fronteras”.
Avanzando en la entrevista, Suárez hizo énfasis en la cuestión de las fronteras y remarcó la importancia de establecer “estándares internacionales para los daños ambientales” para evitar que las legislaciones sean más flexibles. Es por esto que destacó uno de los problemas más visibles en las temáticas ambientales, la cuestión de los efectos. “Se juega un poco con que como los daños no son visibles o de largo plazo, las responsabilidades se vuelven difusas”, remarcó.
La importancia del acatamiento a la ley
Relacionado con los efectos a largo plazo, le preguntamos a Suárez sobre los problemas que pueden tener las personas que estén en contacto con estos envases sin el tratamiento correspondiente. Para ello, él destacó que se “puede realizar una cadena de impacto negativo”.
En primer lugar, Francisco mencionó los problemas relacionados a la mala reutilización de los envases, “alguien puede agarrarlo, lavarlo más o menos y luego usarlo para cargar agua generando problemas en su salud en quien consuma de ese envase”. En segundo lugar, la quema de estos envases genera una cantidad de gases, como el propileno y el polietileno, que se introducen en la atmósfera generando impactos negativos en la salud y el ambiente. En tercer lugar, está la cuestión de cuando los envases son enterrados, “con la erosión del suelo el envase comenzará a fraccionarse y se crearán micro plásticos de difícil identificación y muy contaminantes, pudiendo generar problemas en la ingesta animal que eso luego va a nuestro organismo o también puede migrar al agua”, destacó.
Estas complicaciones se suman al conocimiento público sobre los efectos negativos en la salud de los humanos. Suárez destacó las complicaciones que pueden generar en la salud cuando hay una ingesta directa del agroquímico, estas son “cuestiones cancerígenas, problemas en el sistema linfático y enfermedades de este origen, abortos espontáneos, entre otras”.
El futuro por venir
Finalmente, sobre los desafíos futuros sobre la gestión de envases y el establecimiento de una futura ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), Suárez destacó que “para nosotros esto tiene que aplicarse a todo el sector industrial que tiene que ser responsable de lo que genera y el ciclo de vida de los productos. Se está pensando en hacer un sistema de responsabilidad extensiva de los productores sobre los neumáticos pero el horizonte completo es todo el sector industrial. El gobierno nacional lo está plantando. Nosotros creemos que como provincia podemos tener nuestra propia ley REP articulada con Nación y estamos avanzando en una ley REP que abarque los envases y residuos de generación universal (neumáticos, RAE, aceites, etc.)”. Además, adelantó que ya tienen un proyecto de ley que se encuentra en tratativas para poder hacerlo público en el corto plazo.