Por Máximo Lanzetta, Fundación Metropolitana – Los aniversarios parecen ser motivo de balances; el fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sobre la cuestión ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, mueve dicho ejercicio, que los 10 años cumplidos en 2018 tuvo como efecto una gran cantidad de artículos y posiciones, signadas en general de cierta frustración respecto a las expectativas iniciales del mencionado fallo y de la actuación del principal instrumento de gestión a cargo del cumplimiento del mismo: la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo.
No se trata de negar avances, todos reconocen niveles diferenciales de logros; pero no cabe duda de que, la mayoría de las opiniones señalan una distancia significativa entre las expectativas y los logros. Esta distancia puede ser explicada por dos factores: a) las expectativas eran sobredimensionadas; b) y las acciones realizadas no fueron lo suficientemente eficaces.
Las expectativas están vinculadas a los distintos puntos que señaló la CSJN en su fallo y estructuran las mandas que deben ser cumplidas. Aquí entiendo que es necesario señalar que muchas de las cuestiones planteadas constituyen fenómenos que se manifiestan en la cuenca, incluso se le puede reconocer alguna particularidad, pero las causas que los estructuran no responden a una lógica territorial de cuenca; tal el caso del desarrollo del saneamiento básico (agua y cloacas), la ocupación y el mercado del suelo, el desarrollo de la actividad productiva, el sistema de transporte, por nombrar las principales. Otro aspecto son los plazos, quizá el punto más reconocido como incumplible, pero que puso en los primeros años una idea de celeridad y premura que llevaron a improvisaciones y objetivos cuyo propósito se destinaron más a cumplir una manda judicial, que a resolver los problemas de fondo.
La cuestión de la eficacia de las acciones desarrolladas podría llevar a largas evaluaciones particularizadas; en términos más generales puede señalarse que la alta rotación de titulares de la ACUMAR y sus cambios en el organigrama, son una alta debilidad institucional cuando se trata de sostener políticas de mediano y largo plazo.
Un segundo aspecto, es un sesgo muy endogámico que caracterizó al organismo, más allá de las formalidades de estar conformado por tres
jurisdicciones: Nación, Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo cierto que el nivel de articulación con los organismos fue débil, quizá lo más emblemático es que desarrolló un sistema propio de registro de actividades productivas potencialmente contaminantes, en lugar de articular los registros de los organismos existentes (OPDS; ADA; APRA; SAyDS), lo que generó una nueva capa geológica que se superpuso a las previas. El propósito de superación de la fragmentación político-institucional, lejos de simplificarse, se complejizó.
El Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) es quizá uno de los instrumentos más relevantes, cuya revisión realizada en el año 2016 ha mejorado el modo de internalizar las mandas judiciales a los objetivos del plan, así como la estructuración de los instrumentos y mecanismos para alcanzarlos. Más allá de los resultados de las próximas elecciones, lo cierto es que se cierra un ciclo de gobierno, y se iniciará otro, siendo una oportunidad para comenzar una nueva etapa con un debate abierto a fin de reestructurar objetivos y medios; aprender de la experiencia andada y trabajar para alcanzar mejores resultados que deben tener indicadores claros en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
