Por Federico Cermelo.
La reciente irrupción en la agenda legislativa del proyecto de Educación Digital Integral (EDI) marca un hito necesario. El proyecto, que propone garantizar el derecho a una alfabetización digital crítica, fue impulsado por el diputado nacional Juan Grabois (UxP) con el acompañamiento de legisladores de diversos bloques como los “lilitos” Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, además del socialista Esteban Paulón, las radicales Karina Banfi y Mariela Coletta, Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), así como Martin Lousteau (Democracia para siempre) y Nicolas Massot (Movimiento de Integración y Desarrollo).
Lo más destacable es su transversalidad política. Que diversos sectores coincidan en que la «frontera digital» es el principal escenario de vulneración de derechos es un dato positivo y el entendimiento que necesitamos para que las leyes tengan aplicación real.
Sin embargo, nuestra postura es clara: con la ley sola, o la acumulación de leyes, no alcanza. Argentina ya tiene un andamiaje jurídico robusto: la Ley de Sana Convivencia (26.892), la ESI (26.150), la Ley Mica Ortega (27.590) contra el grooming y la Ley Olimpia (27.736). El problema es que estas normas suelen operar como compartimentos estancos. Necesitamos que se apliquen de manera transversal en toda la trayectoria escolar, con programas, presupuestos y protocolos unificados que garanticen los derechos, pero también que permitan ejecutar las responsabilidades ante los hechos graves en la escuela y en las redes.
Para que la escuela esté realmente a la altura de las expectativas de todos , debemos dar un paso más allá. Desde hace tiempo consideramos -y así venimos trabajando en un proyecto- modificar la Ley de Convivencia Escolar. Proponemos una figura de apoyo técnico al docente para la prevención de situaciones de violencia escolar y digital, como también en la asistencia a la víctima y la sanción al victimario. No podemos dejar al maestro solo; necesitamos un rol que asista en la prevención de hechos graves de violencia digital y en la ejecución de responsabilidades similar a las que existen en otros países. El docente debe enseñar, y el Estado debe proveer la estructura técnica que gestione la crisis cuando el conflicto desborda el aula.
La soberanía cognitiva de nuestros hijos se defiende con leyes, sí, pero sobre todo con políticas públicas y campañas de concientización masivas a nivel general. El Estado debe hablarle a las familias y a los clubes; debe salir de la lógica del papel para entrar en una lógica del cuidado territorial. Solo cuando logremos esta síntesis entre nuevas leyes, reformas operativas y presencia social, estaremos protegiendo de verdad a las infancias frente al poder de los algoritmos.
En definitiva, la Ley EDI es un punto de partida esperanzador que debemos cuidar. Valoramos profundamente este consenso entre diversos bloques, porque nos demuestra que la protección de nuestras infancias y adolescencias en el mundo virtual puede estar por encima de cualquier grieta.
Sin embargo, el desafío que tenemos por delante es pasar del entusiasmo legislativo al trabajo serio e integral del Estado, dotando a las escuelas de recursos técnicos y humanos, capacitando y brindando condiciones dignas de trabajo a los docentes y que no teme ejecutar las sanciones y protocolos necesarios. Solo con una aplicación federal, transversal y valiente de todas nuestras leyes, lograremos que el Estado recupere su rol protector y que la «frontera digital» deje de ser tierra de nadie para convertirse en un espacio de ejercicio de derechos.
