Los equipos técnicos del gobernador bonaerense Daniel Scioli trabajan en un proyecto de regionalización y descentralización que apunta a “mejorar la gestión administrativa, judicial y productiva. La propuesta establece nueve regiones, cuatro en el interior, cuatro en el conurbano y la restante con centro en La Plata. Cada una tendría un administrador designado por el ejecutivo, que manejará fondos descentralizados para educación, salud, seguridad y justicia. El proyecto, señalan, será discutido durante todo el 2011.
Quien está trabajando en los pormenores del proyecto es Santiago Montoya, actual presidente del Banco Provincia. La presentación tuvo lugar el pasado 12 de diciembre en el marco del seminario internacional “Aportes para la regionalización de la Provincia de Buenos Aires”. Con la participación de la mayoría de los jefes comunales bonaerenses, Scioli y el propio Montoya compartieron los pilares de la iniciativa. De avanzar la propuesta, el Gran Buenos Aires contará con cuatro regiones, cada una integrada, aproximadamente, por dos millones de personas.
Además, cada sección tendrá un administrador designado por la Gobernación con rango ministerial. “Tendrán el desafío de obtener igualdad de condiciones en materia de infraestructura básica, de desarrollo urbano y en cuestiones sociales para este territorio tan difícil de administrar», aseguró Montoya en la presentación. También destacó que los cambios implican un mayor protagonismo de los gobiernos comunales.
El nuevo esquema, de aprobarse, sería el siguiente: la región 1, formada por los distritos del norte bonaerense, con epicentro en Pergamino y San Nicolás; la 2, por los del centro-oeste con epicentro en Olavarría; la 3, por los del centro y sudeste con eje en Tandil, Mar del Plata y Dolores; y la 4, con eje en Bahía Blanca, Tres Arroyos y Coronel Suárez, entre otras. La región 5 (llamada “Centro”) tendrá como cabecera a La Plata. Las cuatros restantes dividirán de norte a sur al Gran Buenos Aires.
El proyecto propone también cambios de ministerios y otorgarle nuevas facultades a los municipios, lo que acrecentaría su autonomía. Sin embargo, no afectaría el actual esquema de coparticipación. La iniciativa prevé un largo proceso de debate, en el que serán consultados los jefes comunales y los diferentes actores de la sociedad civil. La idea es lograr el consenso necesario para fin de año, modificaciones incluidas. La aplicación de este proyecto de regionalización implica cambios en varias leyes bonaerenses, actualmente en vigencia.
De cualquier modo, habrá que esperar el debate parlamentario para detectar el nivel de acuerdo en torno a la medida. Desde el GEN y la Coalición Cívica rechazaron la propuesta. Unión PRO y la UCR, por su parte, fueron más moderados. «Es un planteo interesante para profundizar. Regionalizar permitiría, en principio, un ordenamiento territorial», apuntó al diario El Día, de La Plata, Orlando Costa, jefe de bloque de los senadores radicales. «Estoy personalmente a favor de la descentralización, porque a las economías regionales se les hace cada vez más difícil gobernar, pero hasta que no salga el proyecto y ver qué dice la letra fina sería apresurado emitir una opinión», dijo por su parte el diputado de Unión PRO Gustavo Ferri en declaraciones a diferentes medios platenses.
La cuestión regional
El video de presentación -disponible en www.regionalizacionba.com.ar- argumenta que “a pesar de ocho años en los que se implementó un modelo de desarrollo que permitió el crecimiento con inclusión no han podido superarse las desigualdades territoriales, sociales y económicas”, lo que obliga al diseño de “un plan estratégico de regionalización que achique la brecha entre el interior y el área metropolitana y que asuma el desafío las profundas desigualdades del Conurbano”.
Los documentos que circularon dan cuenta de una de las novedades del proyecto, que tiene que ver con la creación de “administradores regionales”: serán designados por el gobernador, contarán con presupuestos propios y recursos para gastos operativos; además tendrán rango de ministerio y competencias para la gestión de las respectivas secciones. La iniciativa establece también que estén radicadas en las propias regiones y se ocupen del diseño e implementación de políticas locales. En ese marco, se otorgarán facultades a los municipios para que puedan tener ingresos nuevos. En una segunda etapa se propondría la regionalización del sistema judicial.
El ambicioso esquema propone reordenar la administración pública bonaerense caracterizada en la actualidad por una variada gama de modos diferentes de disponer regiones o delegaciones, según el área correspondiente. Por ejemplo el ministerio de Salud comprende 12 regiones sanitarias, el de Trabajo, 46 delegaciones, el de Seguridad, 4 regiones y 32 departamentos, el ente recaudador (ARBA), 13 subgerencias y la Dirección de Vialidad, 12 zonas. Según uno de los estudios adjuntados en la presentación, en los casos de salud y educación, existen además leyes específicas de regionalización.
Según sus ideólogos, la propuesta abre el camino para pensar mayores niveles de coordinación entre las regiones del Conurbano con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este ítem existen diferentes experiencias de articulación. Una de ellas remonta al convenio firmado en 1984 por la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el Gobierno nacional, llamado “Área Metropolitana Buenos Aires”. Proponía el diseño colectivo de líneas de acción. En 1987, se oficializó dicho acuerdo constituyéndose la Comisión Nacional del AMBA, con el objetivo de avanzar en intervenciones específicas, lo que finalmente nunca se concretó.
Más allá de estas experiencias macro, existen en la región diferentes diseños institucionales que implican la coordinación entre las jurisdicciones de acuerdo a problemáticas específicas. Entre ellos, se encuentra la CEAMSE, ente estatal creado en 1977 que se ocupa de la recolección y la disposición final de la basura generada en Capital y Gran Buenos Aires. Más acá en el tiempo, se destaca el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), constituido por un acuerdo entre Nación, Provincia y Ciudad en torno al control de la prestación del servicio de agua corriente y cloacas, para el área comprendida en el servicio privatizado que estuvo bajo la órbita de la empresa Aguas Argentinas, hoy disuelta. Otro convenio permitió en 2006 la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza, que actualmente se ocupa del saneamiento del Riachuelo, con suerte dispar.
Todo ejercicio que proponga la articulación entre diferentes actores como también la descentralización de la gestión pública, siempre es bien recibido por la opinión pública. Sin embargo, avanzar en pasos concretos y firmes es una tarea mucho más ardua y dificultosa. En este marco, es una buena señal que un proyecto concreto ocupe nuevamente los primeros lugares de la agenda gubernamental.
