POR CAMILA LESCANO – A mediados de abril, ante el crecimiento exponencial de contagios que se ha observado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández dispuso una serie de medidas focalizadas geográficamente a través del Decreto 241/2021.
Aunque las medidas establecidas fueron varias, en un escenario de fuerte polarización política, la discusión giró en torno a la suspensión del dictado de clases presenciales.
Endurecer medidas, recuperar el distanciamiento y bajar la circulación
Si bien el Decreto 241/2021 mantiene la línea de medidas previamente anunciadas por el Poder Ejecutivo, introdujo algunos lineamientos específicos de prevención y contención en el AMBA. Entre ellas, se puede mencionar la suspensión de actividades en centros comerciales y shoppings, así como también las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en ámbitos cerrados. Además, se modificaron los horarios en locales comerciales y gastronómicos y se estableció una restricción para circular entre las 20 y 6 horas del día siguiente.
Otro punto no menor tiene que ver con la autorización de utilizar el transporte público solo por personas afectadas a las actividades, servicios y situaciones declaradas esenciales, así como también por aquellas personas que tengan turno de vacunación o en aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso. Para ello se estableció que las personas deberán portar el Certificado Único Habilitante para Circulación.
Con respecto a la asistencia al lugar de trabajo, a partir del decreto habían quedado suspendidos de cumplir este deber los adultos responsables a cargo (cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado), también embarazadas, personas incluidas en grupos de riesgo y los mayores de 60 años.
A su vez, cada gobernador y gobernadora y el Jefe de Gobierno de la CABA, dictaron las medidas necesarias para implementar lo dispuesto por el decreto en ejercicio de sus competencias. En este aspecto, la medida más relevante y discutida fue la suspensión de clases presenciales.
La Provincia de Buenos Aires se dispuso a continuar con el esquema de fases que el gobernador Axel Kicillof ya tenía en funcionamiento, el cual determina las actividades permitidas y los horarios de circulación. En términos generales se explica que en fase 5 se ubican los distritos de bajo riesgo. La fase 4 tiene a los distritos de riesgo medio epidemiológico y sanitario. La fase 3 es definida como de alto riesgo y la fase 2 es la que el Gobierno nacional define como alerta epidemiológica y sanitaria.
Aunque se menciona que las restricciones se focalizan en el AMBA, este esquema dio lugar a que algunos municipios que pertenecen a esta metrópolis se encuentren en fases distintas. Por ejemplo, si bien los municipios de Brandsen, Campana, Cañuelas, Exaltación de la Cruz y Zárate pertenecen al AMBA, en esta primera instancia se encontraban en fase 3 y no en fase 2 como el resto de los municipios. Esto se debe a ciertos parámetros que ha establecido el gobierno bonaerense para monitorear y evaluar las diferentes situaciones a nivel sanitario.
En cuanto a la interrupción de la presencialidad escolar, solo los distritos en fase 2 se veían afectados. Esto significa que, en el total de 135 municipios bonaerenses, la medida atravesaba únicamente a 38 de ellos. En fase 3 se encontraban 45 municipios, 51 quedaron en fase 4 y finalmente Tordillo fue el único municipio que quedó en fase 5.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la adhesión al decreto del Poder Ejecutivo no se manifestó por completo. Horacio Rodríguez Larreta manifestó que las clases presenciales en CABA continuarían porque “los chicos tienen que ir a la escuela”. El GCBA se presentó ante la Corte Suprema al impulsar una «acción declarativa de inconstitucionalidad» contra el Ejecutivo Nacional por considerar que el DNU 241/2021 había sido dictado «sin necesidad”.
Mientras se esperaba que la Corte Suprema se pronuncie sobre la acción presentada por el gobierno a cargo de Rodríguez Larreta, y ante un amparo presentado por padres y docentes, la Justicia porteña ordenó que las escuelas de la Ciudad continúen abiertas. La Cámara de Apelaciones de la CABA ordenó que se habiliten las clases presenciales, alegando que el decreto presidencial «vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía». Ante esta situación, el Gobierno nacional rechazó la medida y presentó un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que se declare la incompetencia de la Justicia porteña y la invalidez del fallo a favor de las clases presenciales en la Ciudad.
Continuar con las medidas para salvar vidas
Dado que el mencionado decreto tenía vigencia hasta el 30 de abril, el presidente ese mismo día anunció que las medidas restrictivas adoptadas previamente continuarían hasta el 21 de mayo en las zonas que están en situación de alarma epidemiológica y sanitaria. “Las medidas dictadas durante la pandemia son para salvar vidas. Debemos cumplir las normas, todos por igual”, afirmó Fernández.
Con el fin de bajar el ritmo de contagios y evitar el colapso sanitario, las medidas se focalizan en el AMBA, porque tal como lo anunció el presidente, esta región atraviesa una “situación crítica” y es el “epicentro de la pandemia”. Sin embargo, el presidente hace énfasis en la posibilidad de que intendentes y gobernadores adhieran y acompañen las medidas en este momento difícil. En esta línea justificó las nuevas medidas haciendo hincapié en que “el aumento de casos se registra en casi todas las jurisdicciones del territorio nacional y más del 50 % de los nuevos casos se concentran en el AMBA”.
Siguiendo con el protocolo de actividades por fase implementado por la Provincia de Buenos Aires, en esta segunda etapa, son 47 municipios los que se encuentran en fase 2, 52 están en fase 3 y 36 distritos en fase 4. Actualmente ninguno de los 135 gobiernos municipales se encuentra en fase 5. Además, se puede observar que varios de los municipios en fase 2 no pertenecen estrictamente al AMBA. Tal es el caso de Carmen de Areco, Chacabuco, General Villegas, entre otros.
De esta manera, ante un panorama de alarma epidemiológica y sanitaria, en las regiones criticas en cuanto a contagios continuará la prohibición de la circulación para personas consideradas no esenciales entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente, y las clases se mantendrán dentro del ámbito de la virtualidad.
Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa estableciendo resistencia para aplicar el nuevo decreto que suspende las clases presenciales. Por ello, Rodríguez Larreta decidió sostener buena parte de la educación presencial y solamente aplicará un sistema bimodal en la secundaria. Pese a la insistencia y recomendaciones del gobierno nacional, los chicos de jardines maternales, nivel inicial, primaria y educación especial seguirán concurriendo a los establecimientos, mientras que en la secundaria reducirán la frecuencia.
Finalmente, en una puja de competencias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y avaló su «autonomía» en la demanda contra el DNU 241/2021.
La lectura del fallo del máximo tribunal abre la discusión respecto a las competencias y al poder no solo de CABA, sino también de las provincias para definir el formato de la educación en tiempos de coronavirus. Esta decisión, sin dudas repercute en el debate de las características del sistema federal y aumenta las tensiones entre el oficialismo y la oposición.
La difícil tarea de lograr consenso
En la nota “El inepto es el otro” para Le Monde Diplomatique, Ernesto Calvo señala que el resultado del juego cruzado entre intervenciones locales y acusaciones públicas es una respuesta débil por parte de los países federales ante desastres económicos, ambientales o epidemiológicos como es el caso. El federalismo se presenta entonces como un sistema que debilita la coordinación y da lugar al “movimiento” de: primera movida por parte del gobierno nacional, respuesta de los opositores.
Los costos cerrar las escuelas están presentes en el discurso de la oposición, los costos de abrirlas en el discurso del oficialismo. La falta de acuerdo entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta lleva a reflexionar sobre los intereses políticos que se superponen a las consecuencias sanitarias que se están generando. Romper el juego político, ceder y forjar coaliciones deberían ser imperativos a la hora de pensar en los costos humanitarios.
Entre las discusiones sobre el virus, los contagios, las clases, las vacunas y las medidas restrictivas, padres y madres realizaron convocatorias para realizar “abrazos simbólicos” en las escuelas y una manifestación en la quinta de Olivos para mostrar su disconformidad con la suspensión de clases presenciales. En un momento de gran incertidumbre esto agrava la situación y profundiza las tensiones sociales.
En medio de polémicas y diferencias con dirigentes de la oposición, el Gobierno aclaró que “comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, tal como han indicado prestigiosos organismos vinculados a los derechos de niños, niñas y adolescentes, como UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría”.
Compartir un criterio es un gran paso, pero ante el crecimiento exponencial de contagios y un panorama inquietante con riesgo de saturación del sistema de salud, son necesarios acuerdos claros y urgentes para evitar que las consecuencias sean más graves de lo que ya son.
