Por NAHUEL PALOMO – Es el metal más liviano de la tabla periódica, pero el más pesado en cuanto al desarrollo estratégico nacional. Motivo de pujas políticas y económicas, actúa de escenario para la convivencia de actores variados y plurales. ¿Por qué marcó la agenda de todos los sectores políticos?
El Litio es un metal alcalino blando de color blanco plata que no se extrae de forma homogénea, sino que se debe recurrir a un proceso de descomposición que permita obtenerlo exclusivamente. Pese a no encontrarlo como un elemento libre en la naturaleza, es muy abundante y blando, goza de ser un gran conductor de electricidad y calor, y es deseado para la conformación de baterías para automóviles y dispositivos electrónicos, vidrios, fármacos, cerámicas y lubricantes industriales. Sin embargo, es justo preguntarse por qué su precio varió vertiginosamente desde los 6.000 USD la tonelada en el 2020 a los 42.600 USD o 65.000 USD en marzo de 2023, dependiendo del mercado, con picos de 85.000 USD a finales del año pasado.
El análisis sobre el denominado “oro blanco” debe darse estudiando el contexto en el cual se desarrolla. La transición energética, el cuidado ambiental y la revolución tecnológica a la cual asistimos conforman un triángulo de razones que justifican la variación de precios de este metal. Por un lado, la industria automotriz que impulsa la producción de vehículos eléctricos es un motor fundamental que explica su precio, si se tiene en cuenta que cada vehículo eléctrico lleva entre 30 y 60 kilos de carbonato de litio en su batería. En sintonía con este marco, la industria está siendo acompañada por normativas gubernamentales que fomentan su uso, tal es el caso de la Unión Europea que a partir de 2035 prohibirá la venta de autos a combustión. Quizás la conciencia ambiental, la emergencia de regulaciones y el impulso de toda industria naciente sean solo algunas de las razones por las cuales la producción de estos automóviles se duplica año tras año, pasando de 3 millones de unidades en 2020 a más de 11 millones en 2022. Si bien no es un condicionante determinante del precio actual, dado que hace décadas venimos utilizando litio para las baterías de nuestros aparatos electrónicos, la necesidad del metal para la vida tecnológica no se puede obviar. Se estima que el litio utilizado para los autos eléctricos es equivalente al requerido para la fabricación de diez mil celulares. Allí el factor exponencial de su precio de mercado.
Por otra parte, la energía de las fuentes renovables no es permanente, por lo que su intermitencia exige que se la almacene para situaciones en las que sea necesario. La oferta se regula, pero los objetivos a corto (electrónica) y mediano y largo plazo (automóviles eléctricos) hacen que la demanda sea insatisfecha. El deseo mercantil por el litio encuentra un impedimento en la dificultad para explorar nuevos proyectos que aceleren su exploración y producción. Aquí es importante recordar lo mencionado anteriormente sobre el proceso de descomposición para entender que existe una alta demanda con escasa producción, dado el alto grado de complejidad que conlleva obtener carbonato de litio en grado batería. La oferta no va a la par de la demanda. No hay abastecimiento para la demanda. El metal se hace más deseado. El precio sube.
El precio del Litio debe ser analizado partiendo de la base que no es un commodity, por ende no figura en el London Metal Exchange. Su valor es consecuencia de las consultoras Fastmarkets y Benchmark Mineral Intelligence, y del análisis de mercado que estas realizan de las transacciones entre el mayor demandante carbonato de litio del mundo, China, y la compañía chilena SQM.
¿Y Argentina?
Nuestro país, con el 7%, es uno de los cuatro principales productores del mundo, después de Australia (46%), Chile (23%) y China (16%). Junto al país trasandino y Bolivia, conformamos el “triángulo del litio», que representa casi el 65% de los recursos mundiales del metal. A diferencia de Australia, que obtiene el litio a partir de pegmatitas, y tal como lo especifica el Informe de la Secretaría de Minería de la Nación, la fuente principal de litio en Argentina se encuentra en los salares de la Puna con altos niveles de concentración.
El proceso de extracción mediante salmuera que utiliza Argentina, conlleva bombear el agua subterránea para exponerla al viento y la radiación solar en grandes piletones fosados en las propias salinas. El mineral se concentra y luego es separado mediante un tratamiento químico industrial. Este proceso, al litio estar acompañado por otros elementos, varía dependiendo el grado de composición y concentración de cada mineral en específico. He aquí otra razón por la cual la oferta corre por detrás a la demanda. La ingeniería industrial necesaria requiere de una planificación coordinada a mediano y largo plazo.
En la actualidad, hay 38 proyectos operativos distribuidos entre las provincias de Jujuy, Catamarca, Salta y San Juan, siendo las primeras dos las principales productoras de nuestra nación. El Salar de Olaroz de Jujuy, administrado por un consorcio de empresas del que participa la compañía estatal provincial, JEMSE, y el Salar del Hombre Muerto en Catamarca controlado por la privada Livent. Junto a otros 35 proyectos, más otros que están en planificación y construcción, se estima que para el 2030 se produzcan 300 mil toneladas de litio. Hoy se producen 37.500.
La balanza comercial del 2022 especificó que el litio aportó U$S 696 millones, apenas el 0,8% del total de nuestras exportaciones. Sin embargo, las 300 mil toneladas proyectadas para el 2030 equivaldrían a unos U$S 8.000 millones, representativo del 9% del total de lo exportado el año pasado, cifras cercanas a lo que arrojó la exportación de maíz 2022. La minería podría aportar lo que las commodities agropecuarias no hacen: estabilidad y previsibilidad.
El consenso político que gira alrededor del litio se basa en la visión estratégica de los partidos nacionales y provinciales que tienen sobre este metal. Desde posiciones ampliamente ambientalistas hasta posturas netamente extractivistas, el sistema político esboza opiniones sobre el tratamiento que se merecería el “oro blanco” del siglo XXI. La construcción de un acuerdo que permita repensar lineamientos estratégicos de producción para el desarrollo nacional se dio de forma implícita, pero no alcanza con simples declaraciones de buenas intenciones si no se avanza en la planificación, diagramación y ejecución de un plan que contenga a la intersectorialidad que convive detrás de la extracción del mineral.
Se deben contemplar las razones ambientales que señalan los dos impactos ambientales principales que causa el sistema de extracción que utilizamos: la acumulación de sales de descarte y la afectación de agua a través de la salmuera y la infiltración entre acuíferos. Estaríamos desechando un recurso natural para hacernos de la potencialidad de otro; bajo ninguna circunstancia es una acción beneficiosa para el conjunto de la comunidad y el futuro de su desarrollo. Posicionar a la comunidad como sujeto, y no como objeto, conlleva sentar en la mesa de debate y planificación a las comunidades indígenas que ancestralmente han habitado las tierras sobre las que hoy se desarrollan los proyectos del recurso litífero.
No se puede desoír el camino estratégico hacia la producción de baterías con tal de exportar bienes finales que no tengan valor agregado, escenario que persistirá en caso de ausentarse un plan coordinado estratégico operativo. Si bien especialistas aluden que las iniciativas mineras nacionales en la materia son complejas por una diversidad de factores que van desde los altos costos de producción, el poco conocimiento de la industria específica, la falta de tradición argentina y la baja rentabilidad en relación al gas y petróleo, es imperante repensar los mecanismos de negociación de las provincias con las empresas multinacionales, sin pasar por encima del derecho constitucional que se le otorga a dichas jurisdicciones.
Es menester el estudio de legislaciones comparadas y analizar el caso chileno y boliviano para conocer en dónde estamos posicionados en materia impositiva. En Argentina, las empresas pagan a las provincias regalías del 3% sobre el precio de boca de mina, mientras que en Chile ese porcentaje asciende al 40% y las empresas tienen que invertir parte de sus ganancias en las comunid
ades y en proyectos de ciencia y tecnología. En relación a la geopolítica interviniente, es obligación de nuestra nación no dejar pasar desapercibido los intereses foráneos de quienes quieren apropiarse de los recursos naturales de nuestra región sin previo provecho de su pueblo. Las declaraciones de la Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, al respecto de los recursos nacionales no debe ser un simple llamado de atención, sino que tiene que oficiar de invitación urgente para que discutamos y ejerzamos nuestra soberanía nacional.
El desafío es arduo y complejo, y requiere de un alto grado de madurez política por parte de todos los actores involucrados. La visión está puesta sobre el litio, pero falta la coordinación estratégica para pasar de la unidad de concepción a la unidad de acción. Se deben fortalecer las capacidades estatales para evaluar los cambios que se avecinan, y que el litio no sea una nueva oportunidad desaprovechada. Es imposible que un solo recurso libere a una nación, pero sería absurdo dejar pasar los beneficios y provechos que nuestra tierra nos ha regalado. No solo estamos ante una nueva oportunidad económica, sino también ante un nuevo desafío político.
