Por Santiago Muñiz, Subsecretario de Modernización (Municipio de Morón) – En momentos en que atravesamos la segunda ola de la pandemia, el análisis de su impacto y el debate sobre los nuevos desafíos que impone este escenario, resultan una tarea urgente.
La certeza y la certidumbre no son los atributos más representativos de este clima de época, sin embargo, me arriesgo a pensar algunas ideas que abonen a esta discusión.
En primer lugar, es necesario pensar a la pandemia como un acelerador de la crisis mundial que atraviesa el sistema capitalista, al menos en esta versión, y una profundización de las tensiones geopolíticas entre las principales potencias, que dan cuenta de un nuevo régimen global.
En segunda instancia, es importante reconocer, casi sin objeciones, la necesidad de la injerencia estatal para gestionar la pandemia y reconstruir la estabilidad. El impacto sistémico de este fenómeno, que alteró de forma simultánea y global la vida humana, transformó al estado en el embudo de todas las demandas, angustias y críticas.
Por último, cuando pase el temblor no se vuelve a la vida anterior, sino que hay un mundo nuevo a partir de la pandemia. Ese “a partir” configura una “nueva normalidad”, aunque se mitigue la enfermedad y quede atrás este estado de excepción, el mundo no va a ser igual al que conocíamos.
Estas tendencias reconfiguraron la vida social y del Estado en sus tres niveles. En Argentina, el gobierno nacional asumió la rectoría y la gestión supraestructural de la pandemia coordinada con las provincias. Por otro lado, los municipios asumieron la contención y la gobernabilidad territorial del tsunami económico, social y sanitario que deja el virus a su paso.
No es nuevo el rol estratégico que cumplen los gobiernos locales en la reproducción material y simbólica del territorio. El capitalismo en su fase globalizadora-posindustrial y el impacto de este proceso en el sistema de producción y el mercado de trabajo, al igual que la reconfiguración de las competencias estatales entre los tres niveles de gobierno, transformaron el rol de los municipios como referencia para la gestión de la vida social, asumiendo nuevas demandas, problemáticas, y un rol político institucional renovado. Sin embargo, la contra cara es el desbalance entre los problemas y las herramientas para resolverlos, una agenda que se asume con capacidades y competencias limitadas. Estas restricciones normativas y presupuestarias, limitan la generación de políticas autodeterminadas y las nuevas funciones son asumidas de facto. En algunos casos, las esferas locales parecen meros articuladores de jurisdicciones y agencias externas.
Por otro lado, los municipios que integran el AMBA, aglomeración urbana integrada por los distritos del conurbano más la 
Ciudad de Buenos Aires, enfrentan algunas complejidades extra. Las características sociourbanas de esta área hace del AMBA el epicentro de la enfermedad. Asimismo, el virus no respeta los límites jurisdiccionales que dividen a los municipios entre sí o con la Ciudad. El covid se expande en armonía con la mancha urbana hiperpoblada y contagia al compás de la movilidad de los individuos que salen a reproducir su existencia. Entre el homeoffice y la uberización del mercado de trabajo, millones de individuos están obligados a transitar por esta gran ciudad. Es decir, se torna determinante aumentar los niveles de coordinación intergubernamental para afrontar este proceso, así como el resto de los problemas urbanos que la pandemia desnudó pero le exceden. La gestión sanitaria, durante el 2020, representó para el AMBA el mayor proceso de colaboración y coordinación que se recuerde. Sin embargo, esa mesa de trabajo y acuerdo se fue tensando y desvaneciendo, dando cuenta, que esos procesos impuestos por la realidad requieren ser institucionalizados para que no se los lleve el viento.
Las restricciones financieras de los municipios y el impacto de esta crisis en el territorio, altera el comportamiento de los gobiernos locales y pone un paréntesis en la agenda de los nuevos asuntos y la planificación estratégica. Sostener la salud, pagar los sueldos y mantener limpio el espacio público. Una gestión de “gasto corriente”, donde la inversión en bienes de capital deberá gestionarse en otras jurisdicciones.
El tiempo histórico nos obliga a atender lo urgente y a construir lo estratégico. Esto representa imaginar el futuro, dimensionar nuevos desafíos y pensar las herramientas para abordarlos y procesarlos.
En cada proceso histórico irrumpen asuntos o cuestiones que opacan al resto, y sobre los cuales gira el debate público. La crisis sistémica que atraviesa el planeta significó un proceso masivo de empobrecimiento, despojo de derechos, y fragmentación social en todos los países del mundo, principalmente en América Latina. La vida precarizada, agrietada y empobrecida, no encuentra puntos de fuga frente al desvanecimiento de las instituciones del bienestar y la estabilidad que operaban cuando el pleno empleo era el eje ordenador de la sociedad. El derrumbe de la sociedad salarial trasladó el conflicto social de la fábrica al barrio, y del sindicato al municipio. La territorialización de la crisis le impone al ámbito local un nuevo desafío: la política del cuidado. Hoy, “gobernar es cuidar”.
Otro desafío es la modernización del estado y la sociedad. Los saltos modernizadores implican una aceleración de la relación tiempo-espacio. Además de la imaginación humana, es la tecnología la que permite alterar esta correlación. El salto modernizador que fundó la sociedad moderna fue la revolución oceánica, la conquista del siglo XV, que transformó el mundo “isla” en un mundo oceánico y planetario. El ultimo salto, implicó que a ese mundo planetario “descubierto” hace cinco siglos, se lo recorre haciendo click desde un dispositivo con internet. El avance de este proceso -el paso de una sociedad analógica a la era digital- es acelerado por la pandemia ante la necesidad de aislamiento, y la creciente vigencia de la virtualidad como unos de los principales caminos para gestionar la vida diaria y acceder a bienes, servicios públicos y privados.
Modernizar el aparato estatal requiere adecuar su capacidad técnica y tecnológica para abordar esta nueva realidad. Sin embargo, la modernización estratégica que debe orientar el Estado es cerrar la brecha digital que divide a la sociedad. La conectividad es el derecho a gestionar la vida diaria. “Gobernar es conectar”. Sabemos que donde no hay clientes, no hay paraíso, y la alianza Estado Local y mundo cooperativo, se vislumbra como una alternativa válida para concretar un verdadero acto de justicia social: la conectividad universal.
¿Cómo gobernar sociedades complejas, desiguales y fragmentadas? ¿Cuáles son los impactos y los desafíos que impone esta “nueva normalidad”? Estos son algunos de los interrogantes que deben ponerse en agenda y en perspectiva estratégica, con la mirada puesta en la construcción de ciudades inclusivas y sostenibles.
