POR XIMENA PRUYAS
El incremento del número de mujeres en el proceso de toma de decisiones no asegura en sí la representación de diversidad, ni garantiza estilos de hacer política más democráticos; su presencia en el poder significa oportunidad de incorporar a la agenda pública nuevas perspectivas y reclamos, que resulten en transformaciones en la condición y dinámica de la ciudadanía de las mujeres y otros grupos subrepresentados.
Las investigadoras Nélida Archent y Alumine Moreno señalan que: “Las mujeres se insertan en el Estado a través de un proceso de negociación, resistencia, adaptación respecto de las demandas planteadas por la sociedad civil”. Y agregan que: “El Estado no es una institución monolítica, posee áreas que son más permeables que otras a la recepción y atención de nuevos reclamos por parte de grupos sociales con necesidades diferenciadas”.
Cuando miramos la representación en las intendencias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en base a los resultados electorales, nos encontramos con que un 92% son representados por varones -con 38 jurisdicciones a su cargo-, y tan sólo un 7,3 % a mujeres -con 3 municipios bajo su administración.
No obstante, este porcentaje varió a partir de que 8 de los 38 intendentes asumieron cargos en el Gabinete de la Provincia de Buenos Aires y de CABA, ésto llevó a que surjan intendencias interinas en las que asumieron 4 varones y 4 mujeres: Juan Jose Fabiani por Mariano Cascallares en Almirante Brown; Alejo Chornobroff por Jorge Ferraresi en Avellaneda; Beto Ramil por Ariel Sujarchuk en Escobar; Gastón Granados por Alejandro Santiago Granados en Ezeiza; Marina Lesci por Martín Insaurralde en Lomas de Zamora; Noelia Correa por Leonardo Nardini en Malvinas Argentinas; Karina Menéndez por Gustavo Adolfo Menéndez en Merlo y Sole Martinez por Jorge Macri en Merlo.
Gráfico de elaboración propia a partir de datos públicos
A partir de esta reconfiguración, el poder ejecutivo del Área Metropolitana de Buenos Aires se distribuye en 33 intendentes, 1 jefe de gobierno y 7 intendentas; en porcentajes implica que el 82,9 % del AMBA está gobernada por hombres y el 17,1% por mujeres.
De acuerdo a estos datos, en términos de representatividad, las mujeres están en una relación de desventaja con los hombres. Ante ésto, habrá quienes lo consideren bien y aceptable; pero por otra parte habrá quienes asuman el compromiso de hacer lo que esté a su alcance para evitar que sistemáticamente ocurra una asimetría jerárquica entre varones y mujeres por el mero hecho de ser varones y mujeres.
Por su parte, el Estado Nacional en los últimos años ha declarado su intención de crear mecanismos para la erradicación de todas las violencias de género, y de esta forma alinearse al quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible para el 2030 de la Organización de Naciones Unidas, el de Igualdad de Género. De hecho, ha llegado a establecer reglamentaciones de acción afirmativa como la ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política sancionada en 2017 y el instructivo presidencial de Equidad de Género en el Gabinete Nacional de febrero del presente año, entre otras medidas.
Gráfico de elaboración propia a partir de datos públicos
A comienzos de la gestión del Frente de Todos, el gabinete nacional tenía una participación del 37% de mujeres pero ésta se fue reduciendo hasta alcanzar el 10% actual, con 2 de los 20 ministerios. Curiosamente abocadas a funciones que históricamente han sido asociadas a las mujeres, como la salud y los cuidados, y la propia cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad.
La falta de representatividad de mujeres en espacios de poder no ocurre solo en el Ejecutivo Nacional, de acuerdo al relevamiento que realizamos en Fundación Metropolitana, el Gabinete de la Provincia de Buenos Aires presenta un 27,8% de mujeres en cargos ministeriales; mientras que Ciudad de Buenos Aires registra un 30%.
Siguiendo a las politólogas Nélida Archent y Alumine Moreno: “En la sociedad de masas la representación y la participación constituyen dos instancias interrelacionadas que dan expresión a la voz de la ciudadanía. La efectividad de la participación ciudadana para la consolidación de un sistema democrático sólo es viable si construyen formas de representación política legítimas expresadas en instituciones”. En esta línea, el papel de las organizaciones civiles es el de señalar la necesidad de operar simultáneamente en diferentes ámbitos estatales para promover la equidad interseccional de los diversos grupos que configuran a las ciudadanías argentinas.
Se trata de distinguir que las mujeres constituyen un colectivo extenso y heterogéneo, con diferencias económicas, sociales, políticas y étnicas; donde confluyen diferentes tipos de relaciones sociales, sistemas valorativos, intereses e ideologías, que se ven expresadas en desigualdades encimadas según las adscripciones que presentan. Una eficiente política de equidad debe considerar como requisito indispensable la diversidad dentro de la categoría mujeres para poder crear mecanismos de reparación acordes. A la vez que resulta imprescindible correr a los géneros de los estereotipos vigentes: por un lado los hombres pueden concebirse feministas y crear estrategias de equidad; mientras que las mujeres son capaces de administrar las carteras relacionadas a la seguridad y las finanzas estatales.
