Por Melina Abril Sosa.
En los últimos diez años, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha consolidado una de sus brechas más profundas y, paradójicamente, menos presentes en la agenda política actual: el acceso desigual a espacios públicos de calidad. Lo que a comienzos de la década podría haberse interpretado como una disparidad menor en la planificación urbana, hoy se revela como un factor determinante que condiciona la salud, el bienestar y el ejercicio de la ciudadanía de los porteños según el barrio en el que residan.
En este contexto, la distribución de plazas, parques y el arbolado público ha dejado de ser una cuestión estética para convertirse en un factor que impacta directamente en la calidad de vida. Ya no se trata de cómo se ve la ciudad, sino de cómo se vive, porque la presencia (o ausencia) de espacios verdes define diferencias concretas entre barrios mediante el acceso al aire libre, las posibilidades de recreación, los niveles de exposición al calor e incluso condiciones básicas de salud. En la práctica, esto crea 2 realidades dentro de la misma ciudad: sectores con entornos más habitables y otros en donde el déficit de verde limita el uso del espacio público y agrava las condiciones ambientales.
Datos del censo de espacios verdes del Gobierno de la Ciudad (2022) muestran que Buenos Aires cuenta con alrededor de 6,7 metros cuadrados de espacio verde por habitante. La Organización Mundial de la Salud establece un mínimo de 9 m² y un ideal de hasta 15 m² por persona. Esto ubica a la ciudad en una situación de déficit en términos de calidad ambiental y condiciones de vida.
Según datos del propio GCBA y el Instituto de Estadística porteño (2019), la superficie de espacios verdes varía fuertemente entre comunas, y la dispersión muestra que el acceso al verde no es homogéneo, sino que depende en gran medida de la localización dentro de la ciudad. Por eso, 2 personas que viven en Buenos Aires pueden tener experiencias muy distintas según dónde estén.
La radiografía del déficit: el mapa comuna por comuna
Los datos oficiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirman esta fragmentación del territorio, y al observar los datos por comuna la desigualdad se vuelve más evidente. Los barrios del norte concentran la mayor cantidad de espacios verdes, mientras que en sectores del centro y sur el acceso es considerablemente menor.
Según los registros, la Comuna 1 (que abarca barrios como Retiro, Puerto Madero y Constitución) lidera la estadística de espacios verdes con una disponibilidad de 18,4 metros cuadrados por habitante, una cifra que está impulsada en gran medida por la superficie de la Reserva Ecológica Costanera Sur con sus 350 hectáreas de tamaño. En el extremo opuesto, la Comuna 3, integrada por Balvanera y San Cristóbal, es la cara más crítica de la escasez con apenas 0,4 metros cuadrados por persona, lo que la convierte en la cifra más baja de toda la ciudad.
Según un censo realizado por el gobierno en 2018, el inventario porteño registra un total de 1.341 espacios verdes. De esta cifra, la Comuna 12 (barrios de Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) encabeza el ranking en cantidad de unidades con 128 espacios, seguida de cerca por la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) con 125 y la Comuna 14 (Palermo) con 121, donde los parques y las plazas se vuelven parte fundamental del uso cotidiano. En contraste, zonas de alta densidad poblacional como la Comuna 5 (Almagro y Boedo) y la Comuna 6 (Caballito) muestran una oferta mucho más limitada, contando con solo 20 y 25 espacios respectivamente.
El mapa de distancias a espacios verdes confirma la proliferación de pulmones urbanos hacia la zona norte de la ciudad, mientras que la zona sur refleja la escasez.
(Fuente: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019).
A su vez, la crisis no se limita únicamente a la falta de espacios verdes, sino que también se extiende al arbolado público. Buenos Aires cuenta con actualmente unos 470.000 árboles para una población de 3 millones de habitantes, lo que arroja un déficit de 530.000 ejemplares para alcanzar la recomendación internacional de un árbol cada 3 personas, y la falta de esta cobertura vegetal favorece la formación de islas de calor. En áreas del centro y sur, donde predomina el cemento y el asfalto, el calor se absorbe y se retiene, elevando la temperatura. Según mediciones urbanas, la diferencia térmica entre zonas con alta cobertura vegetal y áreas densamente urbanizadas puede alcanzar entre 2°C y 4°C dentro de la misma ciudad, llegando a persistir esta diferencia incluso después del atardecer.
En comunas como la 4 y la 5, la escasez de arbolado reduce el proceso de evapotranspiración, que es aquel mecanismo natural por el cual las plantas refrescan el aire circundante, y sin esta barrera biológica las superficies de hormigón absorben la radiación durante el día y la liberan lentamente durante la noche, impidiendo el enfriamiento nocturno necesario para el descanso humano y la recuperación del cuerpo frente al calor. Esta retención de calor convierte a las áreas desprovistas de verde en zonas de alta vulnerabilidad sanitaria, especialmente para grupos de riesgo como adultos mayores y niños.
El avance del cemento y su efecto en la planificación y la pérdida del suelo público
A este escenario climático se suma una dinámica de planificación urbana marcada por la densificación edilicia. En la última década, parte del suelo público disponible fue destinado a desarrollos inmobiliarios, lo que redujo las posibilidades de incorporar nuevos espacios verdes, especialmente en las comunas con mayor déficit. Aunque la Ley 2.930 de Plan Urbano Ambiental establece como objetivo prioritario el incremento y la recuperación de áreas públicas parquizadas, la realidad territorial se enfrenta a una tensión constante entre la norma y la ejecución de proyectos a gran escala. Casi el 30% de los espacios contabilizados oficialmente como “verdes” por el Gobierno de la Ciudad, son en realidad canteros, pequeñas plazoletas o derivadores de tránsito que no cumplen con una función ambiental significativa para los vecinos. Si se descontaran estas superficies de relleno, el promedio de la ciudad caería de 6,7 metros cuadrados a tan solo 4,7 metros cuadrados por habitante.
Uno de los casos más representativos de esta problemática es el de Costa Salguero y Punta Carrasco, donde entre 2019 y 2021 se debatió la posibilidad de avanzar con proyectos inmobiliarios en terrenos que podrían haberse destinado a ampliar el acceso al río, pero, sin embargo, este no es un fenómeno aislado. La transformación del antiguo Tiro Federal y la incertidumbre sobre el futuro de los predios ferroviarios o de terrenos como los del CENARD han encendido las alertas sobre un modelo de “extractivismo urbano” que prioriza la rentabilidad inmobiliaria sobre la necesidad ambiental.
De esta manera, el uso que los porteños le dan a los lugares de esparcimiento se encuentra condicionado por la geografía de la ciudad, convirtiendo la brecha de infraestructura en una brecha climática y sanitaria de escala masiva. La falta de una articulación efectiva del Plan Urbano Ambiental y la persistencia de negocios vinculados a la especulación inmobiliaria terminan por fragmentar la gestión del verde. Mientras se sacrifican hectáreas públicas para crear viviendas de altura, la ciudad pierde capacidad para mitigar inundaciones y absorber dióxido de carbono, dejando a los barrios más densamente urbanizados en una situación de vulnerabilidad creciente ante un clima cada vez más hostil.
El desafío de una ciudad habitable
Garantizar un acceso equitativo al verde se ha consolidado como uno de los principales retos para la planificación urbana en Buenos Aires. Ya no se trata de una discusión estética sobre el paisaje, sino de un eje central de la salud urbana y la adaptación ante el creciente cambio climático. Mientras los registros confirman que la brecha no es estática, sino que se ha profundizado en paralelo a la densificación edilicia, la discusión sobre el uso del suelo público vuelve a poner en juego el futuro de la calidad de vida porteña. Los espacios verdes no solo cumplen funciones recreativas; son pulmones que mitigan el calor, absorben el agua de lluvia y ofrecen un respiro necesario frente al asfalto predominante.
El fortalecimiento del arbolado y la preservación de las tierras públicas disponibles aparecen hoy como la última barrera para evitar que las condiciones ambientales dependan exclusivamente del barrio donde se resida. En un escenario de crisis climática global, las ciudades que logren priorizar la recuperación de suelo absorbente y la vegetación nativa serán las únicas capaces de ofrecer un entorno resiliente para sus habitantes. Para Buenos Aires, el camino hacia una ciudad más justa empieza por reconocer que el aire puro y la sombra de un árbol no pueden seguir siendo privilegios geográficos, sino derechos ciudadanos básicos que definen cómo se vive y se sobrevive en la metrópoli.
