Andrés Napoli: “Al plan del Riachuelo le está faltando contenido participativo y arraigo popular”

Andres Napoli FARNENTREVISTA – Andrés Nápoli es abogado, especialista en Derecho Ambiental y Derecho Público. Trabaja en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), donde dirige el Área Riachuelo. Hace más de diez años que promueve la recomposición ambiental de la Cuenca, primero junto al Defensor del Pueblo de la Nación y otros espacios y organizaciones y, desde julio de 2008, desde el Cuerpo Colegiado que ordenó conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A cuatro años del histórico fallo que determinó la responsabilidad de los estados nacional, provincial y local en materia de prevención y recomposición de la Cuenca, Nápoli responde sobre la causa, el rol de la Corte, los avances y los pendientes.

Informe Digital Metropolitano: ¿es posible recomponer el daño ambiental que existe en la cuenca, como dice el fallo de la Corte? 

Andrés Napoli: es factible recomponer una parte del daño ambiental. Pero hay muchas dudas sobre qué se entiende por la recomposición del daño. Venimos preguntando a la Autoridad de Cuenca (ACUMAR, n. de e.) qué entiende por recomponer el daño ambiental, que establezca una línea de base y, partir de ahí, las acciones y los escenarios que podemos esperar. Cuando hablamos de daño ambiental en la Cuenca hay muchísimas acepciones, el Dr. Mussi (presidente de ACUMAR, n. de e.) habla de saneamiento, otros hablan de limpieza. Nosotros hablamos de recomposición total, la Corte también está en esa línea porque dice que la recomposición debe incluir la mejora de la calidad de vida de la población e imbricar el daño ambiental con los aspectos sociales. Pero nuestra mirada aún está en borradores, diría yo, en títulos.

IDM: ¿no ha habido avances en este sentido por parte de la autoridad?

AN: No, la autoridad está atendiendo los mandatos judiciales, que son múltiples, y desde FARN venimos reclamando – lo hemos dicho en el documento que publicamos por el cuarto aniversario del fallo- que hasta que esto no se transforme en una política de estado con un eje vertebrador en el ordenamiento ambiental territorial, vamos a estar haciendo el trabajo del bombero  y no pensando en un plan de recuperación para un espacio territorial de 2200 Km cuadrados.

IDM: parecería que el planeamiento de la recomposición avanza a fuerza de demandas judiciales…

AN: Si, en un escenario optimista desde FARN pensamos que aproximándonos al quinquenio del fallo,  ya estaríamos en una línea en la cual la Justicia progresivamente se estaría retirando del accionar diario y se encargaría de un  control más atemporal. Pero esto no está ocurriendo, la Justicia está marcando el paso y conduce este proceso. Esa conducción debe pasar paulatinamente al Estado, pero para que esto suceda el Estado debe entender que es su obligación, no una obligación del presidente del ACUMAR ni del Secretario de Ambiente, que tiene que ir a pelear con ministros de otras áreas para que lo atiendan. Esta debería ser una política de Estado como tal. Y, hasta ahora, el saneamiento del Riachuelo no ha escalado más allá de la Secretaría de Ambiente y del ACUMAR.

IDM: A partir de que se conoció el fallo de la Corte se dieron dos años de inacción. ¿Por qué crees que se dio esta situación?

AN: Creo que se da por la misma situación por la que llegamos a donde estamos hoy. Que el Riachuelo sea el final del caño de la Ciudad, de la Provincia y de todas las industrias es una situación que se consolidó con el tiempo y que para revertirla requiere de un grado de conciencia no solamente social, sino también política y gubernamental que no tienen nuestros gobernantes. No hay conciencia ambiental, la variable ambiental es el último orejón del tarro, y tiene que ser la Justicia la que la rescate. Por eso mismo no se atendió el fallo en un primer momento, cuando la Corte volvió a intervenir, la Justicia hecho mano de las sanciones y entonces la cosa comenzó a andar. Además creo que se recurrió a la persona adecuada de acuerdo al momento que está atravesando la Cuenca. Es un momento de gestión y de llegada a ciertos resortes políticos que cumple el Dr. Mussi, y que no cumplieron de ninguna manera ni Romina Picolotti ni Homero Bibiloni. Creo además que Bibiloni graficó lo peor de la gestión en la cuestión del Riachuelo.

IDM: en 2004 desde FARN planteabas que la Cuenca es un territorio donde al haber tantas normas, se genera una situación de anomia. En estos años ¿se hicieron avances, en cuanto a la legislación, más allá del accionar de la Corte? ¿Cómo impacta el accionar de la Corte en la legislación?

AN: Así como hay un antes y después del fallo, la creación del ACUMAR también es un antes y un después. Todo el grupo del Defensor del Pueblo y todas las organizaciones impulsamos esto como medida número uno, lo planteamos en 2002 y se concretó en 2007. Ese antes y después permitió comenzar a ordenar el espacio normativo, que recién está dando sus primeros pasos y  requiere un trabajo mucho más profundo. Y no sólo en el ACUMAR, sino también en la coordinación y la readecuación de la normativa local. No nos olvidemos que ACUMAR interactúa con 14 municipios…

IDM: un replanteo legal en los tres niveles, local, provincial y nacional…

AN: Exactamente, así como no se readecua la normativa tampoco se ejecutan algunos aspectos relacionados con la coordinación interjurisdiccional, y esto tiene que ver más con lo político. En el tema normativo estamos reclamando la urgencia de trabajar en dos aspectos: uno, la readecuación de la normativa de vertido, la actual establece un nivel de uso 4 para el agua, un uso de recreación sin contacto, y permite el vertido de un conjunto de sustancias diluidas en volúmenes de agua. Esto significa que podría darse la paradoja de establecer que todas las empresas hayan hecho el proceso de reconversión y estén saneadas, pero que el Riachuelo siga de la misma forma. Estamos logrando
un avance progresivo en el estudio de la carga de masa del Riachuelo, para saber qué cantidad de componentes contaminantes orgánicos e inorgánicos puede recibir, establecer la cuantificación y que las empresas se adecúen nuevamente a ese funcionamiento normativo. El otro aspecto normativo tiene que ver con el ordenamiento territorial. Por una lamentable decisión de Homero Bibiloni que está vigente, se trasladó esa decisión a los Municipios. Creemos que la decisión debe ser, en principio y en este tiempo de emergencia del Riachuelo,  centralizada desde el ACUMAR y que luego las jurisdicciones locales adapten sus normativas. Y a partir de ahí se puedan ir transfiriendo funciones, pero hasta que eso no suceda… en el territorio se toman decisiones todos los días y el conjunto de esas decisiones se multiplican por 14, e impacta después en un plan que no se puede ejecutar.

IDM: En ese plan, que es el Plan de Ordenamiento Ambiental,  ¿qué rol te parece que juega el planeamiento participativo, la participación ciudadana? ¿Sería en otra etapa o debería incorporarse ahora?

AN: Son dos opiniones que voy a poner por separado, pero forman parte de lo mismo. El planeamiento participativo no existe en el ACUMAR, como tampoco existe el planeamiento. Está atrasado el mandato de establecer un ordenamiento ambiental del territorio. Hasta ahora, lo que ACUMAR presentó en el Juzgado es un plan del plan, una serie de herramientas con las cuales explicó cómo va a ser el plan que hará en el futuro. Con lo cual,  decimos que no existe el planeamiento y mucho menos participativo. La participación en el ACUMAR es una asignatura absolutamente pendiente. La ley 26168 establece en su artículo cuarto la creación de la
Comisión de Participación Ciudadana. Algo se ha convocado en los últimos años, en algunos lugares, pero sigue siendo una cuenta pendiente. No hay ni planeamiento, ni participación porque este concepto no está entendido todavía en el ACUMAR. No sabemos por qué, creemos que esas son las cuestiones que la Autoridad debería esforzarse por profundizar, porque al plan del Riachuelo le está faltando contenido participativo y arraigo popular. La población tiene que involucrarse y tiene que saber que se están haciendo obras. Y si hay mejoras que el gobierno quiere mostrar, tiene un espacio para involucrar a la población. Además, no hay manera de sustentar las políticas a largo plazo si no hay involucramiento de la población. Me pregunto en relación a los residuos: ¿cómo vamos a hacer para cambiar la conducta ciudadana de toda la Cuenca si no involucramos a la población?

IDM: ¿Por qué crees que se da esta situación de no querer involucrar  a la ciudadanía?

AN: Lo veo como un tema de idiosincrasia, de cómo la dirigencia política trata los temas que tiene en sus manos. Una vez que se accede al gobierno, se cierran casi todas las posibilidades de interacción y de participación. La participación pasa a ser unidireccional entre el gobernante y sus seguidores. Y, esto va totalmente a contramano de las cuestiones ambientales. En estas cuestiones se trata de construir, a través de una interrelación permanente con quienes están en contacto con los problemas. Los problemas ambientales están en el territorio, allí están las personas que los padecen y pueden encontrarse soluciones duraderas, en la medida en que exista una interacción entre la población y el gobernante. Esas puertas no están abiertas en el ACUMAR ni en ningún lado. Tenemos esta cultura de la participación y, desde nuestro lado como ONG, intentamos mostrar que la participación no daña al Estado, no es un palo en la rueda sino una gran ayuda para acelerar y legitimar los procesos.

IDM: En una nota publicada en el diario La Nación en 2010 planteabas que el gobierno no había convocado a FARN para trabajar. ¿Esta situación se mantiene hoy?

AN: No, la llegada de la gestión de Mussi cambió rotundamente el enfoque, comenzó a construirse un diálogo respetuoso y plural. Existe una propensión al diálogo que rescatamos, mantenida férreamente por el presidente de ACUMAR. Es un punto muy importante, nos permite hacer conocer nuestras opiniones de manera previa a que lo hagamos saber en el juzgado, tenemos un conjunto de opiniones que podemos expresar a la autoridad que si no  escuchan de manera previa, escuchan por la vía judicial y el juez conmina a la autoridad. Esta forma de trabajar no es eficiente ni política ni económicamente. Me parece que es una buena decisión del Dr. Mussi que no quita la opinión de él sobre nosotros, ni la opinión nuestra sobre su gestión.

IDM: ¿Qué opinión tienen de la gestión de Mussi?

AN: Es una gestión que mejoró mucho la cuestión del Riachuelo. Por supuesto existen temas con los cuales no coincidimos, los expresamos en nuestro artículo, tenemos divergencias por el control de industrias, por la salud, por la falta de aplicación de una gestión integral de residuos, y muchos otros aspectos. Pero la gestión está orientada, sin lugar a dudas, a cumplir con el fallo, con sus más y con sus menos. También a escuchar las opiniones de los distintos sectores. Pero tengo que decir que es una gestión política imbricada con la situación política existente. En el ACUMAR coexisten el gobierno nacional, con la Ciudad y la Provincia, y hay situaciones que impactan en la coordinación interjurisdiccional. La coordinación interjurisdiccional no sólo tiene que ver con esta interferencia, sino también con cuestiones que las propias jurisdicciones no están dispuestas a resignar. Por ejemplo, un tema que está vigente hoy es el relleno sobre la desembocadura del Riachuelo, la llamada Isla Demarchi. Hace poco tuvimos la audiencia pública, es una obra que va a realizar el Gobierno de la Ciudad, un relleno en principio de 2 hectáreas extendibles a 22 y después a 30 en la desembocadura del Riachuelo. Y a la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera se le ocurre que debe tener un visto bueno de la autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo. Así no tenga ningún impacto, es ACUMAR la que tiene que visar, tiene que decir si compromete o no las acciones en marcha en el Riachuelo. El reclamo masivo en la audiencia pública fue que el proyecto pase por ACUMAR, lo cual no tiene que ser tomado como que la Autoridad o el Gobierno Nacional van a condicionar la gestión local. Son las reglas a las que se sometieron las jurisdicciones cuando suscribieron a la ley 26168, y las legislaturas locales las refrendaron. Son las reglas del juego.

IDM: ¿Cuál es el balance de la publicación de la plataforma Qué pasa Riachuelo?


AN: Es un balance positivo porque está funcionando, aunque tiene muchos aspectos que mejorar, y estamos trabajando en eso. Uno de los aspectos es su automatización, va a ser una de las primeras plataformas online con información pública disponible en tiempo real. Quisiéramos también trabajar en hacerla más usable, tiene un formato sumamente técnico, el desafío es que este proyecto, que es una burbuja técnica, se transforme en una herramienta. Nuestro objetivo es que esa información esté disponible al público y que sea un punto de partida para otras iniciativas.

IDM: ¿Cuál es tu opinión del trabajo de la UISCUMARR?

AN: Me parece una buena iniciativa. En toda esta movida del Riachuelo estaba presente el Estado, el sector no gubernamental y estaba ausente el sector empresario. Y es un sector que ha sido visto siempre como parte del problema pero nunca como parte de la solución. Esta propuesta de UISCUMARR está metiéndose de lleno en la agenda de la recomposición del Riachuelo y del Reconquista, el sector privado está dando pasos adelante muy importantes. Además me parece muy bueno que haya un grupo de jóvenes en esta iniciativa. Ahora bien, esta primera etapa tiene que estar trabajada y consolidada  con una segunda etapa,  relacionada con generar compromisos específicos por parte de las industrias, que puedan ser auditados y controlados por toda la sociedad. Ese es el desafío que debería imponerse, no sólo el UISCUMARR, sino todas las organizaciones empresarias.

IDM: Si bien se ha avanzado en algunas cuestiones relacionadas con la salud de la población de la Cuenca, hay un pendiente muy importante en este punto. ¿Por qué crees que se da esta situación?

AN: No sé si hay una respuesta para el tema. Creo que la salud argentina es un tema estructural, ha tenido que venir la agencia de cooperación japonesa para decir que en Dock Sud había un 50% de chicos con plomo en sangre, no fueron las autoridades nacionales las que lo dijeron. Tuvo que venir la Corte para decirle al Ministerio de Salud que hay que llevar adelante un plan sanitario de emergencia y una atención a la salud. Se ha avanzado en algunos estudios, y ahora se prevén otros nuevos, pero desde nuestra perspectiva no van al corazón del tema, porque no van a la atención a las personas con las problemáticas específicas. Si fuera de esa manera, ya hubieran respondido el cuestionario que hicimos el día siguiente de la sanción del fallo, que pedía que nos dijeran cuáles eran las personas en situación de riesgo en la Cuenca con nombre, apellido y documento. Cuáles eran los grupos de riesgo que iban a ir a buscar, a atender y a seguir en todo este tiempo, que son los que en definitiva no pueden esperar que la Cuenca se sanee dentro de ‘equis’ cantidad de años, sino que se deberían atender hoy. A cuatro años, este ítem está totalmente pendiente. En este contexto rescato algo que siempre dice nuestro amigo Antonio Brailovsky: “El tema de salud genera responsabilidad penal”. Me parece que este es un punto que ojalá podamos despejar a futuro, está muy pendiente y es prioritario atenderlo.

Entrevista: Anna Del Piero