Por Belén Goyanes.
El 2 de febrero se conmemoró el Día Mundial de los Humedales, fecha proclamada por las Naciones Unidas en 2021 para reafirmar el compromiso ambiental establecido por la Convención de Ramsar en 1971 y destacar la importancia de proteger estos ecosistemas. Según esta convención internacional, los humedales son:
“las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.
Esta amplia definición complica tanto la legislación como la obtención de datos concretos sobre la extensión real de los humedales. En la Argentina, no existe consenso al respecto. Según un estudio de Patricia Kandus et al (2008), los humedales abarcarían aproximadamente el 21,5% de la superficie territorial del país, mientras que otras estimaciones, como las del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sugieren que representan solo el 9,5%. Esta falta de acuerdo evidencia las dificultades para definir y clasificar estos ecosistemas, lo que obstaculiza los esfuerzos por protegerlos a través de una legislación adecuada.
Pese a que ha habido intentos reiterados durante más de un década, en Argentina no existe aún una Ley de Humedales.
¿Por qué hay que proteger los humedales?
Los humedales son esenciales para un desarrollo ambiental sano y sostenible. En su territorio albergan hasta un 40% de la biodiversidad mundial, siendo hogar de especies endémicas y migratorias. Además, los humedales desempeñan un papel crucial en la mitigación del cambio climático, ya que actúan como amortiguadores naturales, reduciendo el impacto de inundaciones, estabilizando costas y almacenando gases de efecto invernadero.
Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan amenazas por el consumo excesivo de sus recursos, como la sobrepesca, la quema de bosques, la agricultura, la actividad minera, y el desarrollo industrial e inmobiliario, entre otros. Esto provoca su degradación y pone en riesgo la calidad del aire, la seguridad alimentaria, los reservorios de agua dulce, y la subsistencia de la biodiversidad. Afectando no solo su valor ecológico silvestre sino también sus funciones sociales y económicas.
Las Naciones Unidas estiman que a nivel mundial ha habido una pérdida del 35% de los humedales en los últimos 50 años. Si bien Argentina participa de la Iniciativas Regionales Ramsar para la conservación y uso sostenible de los humedales fluviales de la Cuenca del Plata y de los humedales altoandinos, la falta de una ley nacional que los proteja de manera específica los deja vulnerables frente a intereses económicos y políticas ambientales inconsistentes.
La posibilidad de una Ley de Humedales
La importancia de preservar un ambiente seguro está reconocida en el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina, que garantiza el derecho a un ambiente sano y establece tanto el deber de los ciudadanos de preservarlo como la responsabilidad de las autoridades de proteger este derecho y preservar los recursos naturales. En cuanto a los Humedales en particular, desde 1991, la Argentina ratifica la Convención de Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, reconociendo formalmente el valor de estos ecosistemas. Ramsar hasta la fecha ha designado en Argentina 23 Humedales de Importancia Internacional.
Una ley nacional pensada particularmente para estos ecosistemas sería de gran valor, pero los intentos de legislación sobre humedales han enfrentado múltiples trabas. Según la campaña “Ley de Humedales Ya”, llevada a cabo por la Fundación Humedales, los primeros proyectos de ley se remontan a 2013 donde se presentaron dos proyectos presupuestos mínimos para humedales pero perdieron estado parlamentario a finales de 2015. Desde entonces, se han presentado decenas de proyectos de ley sin éxito.
Con el tiempo la visibilización de esta problemática ha ido creciendo, impulsada por eventos como los incendios en la región del Delta del Paraná (2018-2019), seguido de bajas históricas en el caudal del Río Paraná (2021), o las inundaciones urbanas y rurales en la región del Litoral (2022 – 2023). Estos desastres provocaron protestas masivas de los vecinos locales y ambientalistas y campañas de redes sociales, todos exigiendo respuestas.
Entre 2023 y 2024 se presentaron 6 proyectos de ley en el Congreso. Estos incluyen puntos en común, como la necesidad de establecer un inventario nacional de humedales y prohibir actividades dañinas, pero también presentan diferencias en cómo la regulación del uso del suelo y la participación de las provincias en su implementación. Sin embargo, la falta de consenso entre los distintos sectores y la presión de intereses económicos continúan retrasando la posibilidad de llegar a un acuerdo. Aún así, hay quienes siguen trabajando para generar conciencia y exigir una legislación efectiva.
El presente ambiental Argentino
La discusión sobre los humedales no puede desligarse de un contexto más amplio de crisis ambiental que incluye el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. En octubre y noviembre pasados, Argentina presentó en la COP16 (Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica), en Cali, su Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2030 (ENBPA), reafirmando compromisos globales como los establecidos en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
Sin embargo, organizaciones como Vida Silvestre Argentina critican que, mientras Argentina se compromete en foros internacionales a restaurar y proteger sus ecosistemas, en el ámbito local enfrenta graves amenazas ambientales que afectan a diversas regiones del país, incluidas áreas de humedales. Por ejemplo, la integridad ecológica de las islas del Delta del Paraná se ve comprometida por procesos de “pampeanización”, que implican su conversión para actividades agrícolas y ganaderas típicas de las pampas. Asimismo, los Esteros del Iberá han sufrido incendios devastadores que ponen en peligro la subsistencia de su flora y fauna, afectando su riqueza ambiental.
A esto se le suma que a fines de noviembre de 2024 el gobierno de Javier Milei decidió retirar a la Argentina de la Cumbre del Clima COP29 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). Vida Silvestre Argentina junto con otras 71 organizaciones rechazó las acciones del gobierno, viéndolo como un retroceso en el compromiso ambiental del país.
Los humedales son vitales en materia de biodiversidad, resiliencia climática y la calidad de vida de las comunidades que dependen de ellos. La ausencia de una legislación integral se convierte, entonces, en una deuda pendiente para Argentina.
