Qué pasa Riachuelo es una plataforma que esta online desde diciembre pasado, un espacio virtual desarrollado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Garage Lab, con el apoyo de las organizaciones que integran el Espacio Matanza-Riachuelo (EMR). El Espacio Matanza Riachuelo es una red de organizaciones no gubernamentales que trabaja para articular la participación y el control ciudadano en torno al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Está integrada por Asociación Vecinos La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Ciudad, Fundación Metropolitana, Greenpeace y Poder Ciudadano. Estas siete organizaciones se presentaron en el marco de la Causa Mendoza, y si bien sólo cuatro integran formalmente el Cuerpo Colegiado por una disposición de la misma Corte Suprema, continúan trabajando de manera conjunta.
En este contexto, FARN ha liderado el desarrollo de la plataforma, que promueve el monitoreo ‘online’, basada en datos públicos, con el objetivo mostrar las problemáticas que existen en la Cuenca y que afectan la calidad de vida de quienes viven en ese territorio. La plataforma ofrece información ordenada en torno a 4 ejes temáticos
- Industrias, con índices de riesgo, ambiental y legal
- Basurales a Cielo Abierto
- Asentamientos poblacionales y Villas de Emergencia
- Alertas Territoriales
Por ejemplo, en Que pasa Riachuelo es posible saber qué cantidad de industrias están consideradas agentes contaminantes (porque su actividad representa un riesgo ambiental alto) y también se puede conocer cuáles están en proceso de reconversión industrial. Entre ellas hay curtiembres, cooperativas de trabajo, supermercado e hipermercados. La plataforma analiza el nivel de riesgo mediante un sistema de semáforos, que contempla el riesgo ambiental y el cumplimiento legal. Además, como se menciona anteriormente, también se puede conocer información sobre los basurales a cielo abierto, los asentamientos y los vecinos pueden reportar alertas territoriales. Toda la información que se encuentra disponible en el sitio QPR proviene de fuentes públicas, principalmente de la ACUMAR y del contenido delos escritos judiciales incorporados al expediente de la causa Mendoza.
Según el Informe Ambiental Anual 2012 de FARN, “La necesidad de conocer y acceder a información pública es un requisito indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer de manera adecuada, el derecho a gozar de un ambiente sano que consagra nuestra Constitución”. La organización se refiere al artículo 41, que consagra el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y equilibrado, y marca también el correlativo deber de preservarlo. Además resalta la importancia de la información para lograr una adecuada participación ciudadana.
En dicho informe, FARN reitera que en el fallo del 8/7/2008, la Corte estableció una serie de medidas dirigidas a que el Estado produzca y difunda información, obligando a ACUMAR a adoptar un sistema de información pública que presente datos actualizados y detallados de manera concentrada, clara y accesible para el público en general. Y también reconoce que las autoridades no han podido cumplir, hasta el momento, con ese mandato judicial a pesar de la gran cantidad de datos e información generados. “La puesta en marcha de este sistema ha sido un aspecto que no ha podido ser correctamente gestionado por el organismo de Cuenca, en donde sólo se lograron avances muy parciales26, lo cual llevó a que el Juez Federal de Quilmes impusiera multas al ex Secretario de Medio Ambiente y Presidente del organismo de Cuenca, Homero Bibiloni, fundadas precisamente en la falta de cumplimiento en la implementación del sistema de información ordenado por la Corte. No obstante ello, las obligaciones de control de la contaminación desarrolladas por los Estados condenados por la Corte, y principalmente por ACUMAR, generaron una creciente actividad administrativa, que trajo como resultado la generación de un gran volumen de información y datos públicos relacionados con la problemática de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que representa una gran oportunidad para desarrollar iniciativas que permitan abrir las fuentes de información y datos públicos a la ciudadanía”.
En otro fragmento del informe –cuyo artículo es autoría del Dr. Andrés Napoli- se detalla que “Los medios para difundir y acceder a la información han evolucionado notablemente en el curso de los últimos años, a tal punto que actualmente cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento y cuente con la tecnología adecuada, puede recibir y al mismo tiempo emitir información, sin tener que recurrir a ningún otro intermediario para lograrlo. La sociedad reclama cada vez más la posibilidad de acceder a mayores y mejores fuentes de información, sin tener que requerir para ello de autorizaciones especiales o tener que cumplir con procedimientos formales para lograrlo, máxime si se trata de información proveniente de fuentes públicas. Ello ha llevado a que en los últimos años en diversos países de Europa y los Estados Unidos, surgieran iniciativas públicas y privadas denominadas de “gobierno abierto” o el “open goverment”, orientadas a hacer que los Estados amplíen y pongan a disposición del público gran parte de la información con que cuentan, para que sea la ciudadanía en definitiva la que pueda reutilizar y darles la finalidad y el contenido que consideren necesario. Se trata de un proceso que continúa el camino iniciado en los movimientos que dieron origen e instituyeron el libre acceso a la información pública y que da un paso más adelante en la misma dirección, ampliando las vías de acceso a las fuentes de datos púbicos, para hacer que la sociedad conozca los mismos o los aproveche para generar nuevos productos o servicios, generando al mismo tiempo una comunicación abierta, permanente, bidireccional y colaborativa entre la administración y los ciudadanos”. Y se detallan los requisitos para que una fuente de datos sea considerada abierta: disponibilidad, automatización, formato y marco legal.
Como concluye el informe “Creemos que este tipo de herramientas permitirá dar un impulso a la posibilidad de involucramiento de la población en todos aquellos aspectos que hacen al control de la contaminación y el cuidado de un valor colectivo, que como el ambiente no sólo puede quedar librado a la acción del Estado, sino que requiere de la participación activa de la ciudadanía. El sitio QPR busca convertirse en un vehículo apto para hacer que parte de la información pública relacionada con la Cuenca Matanza-Riachuelo, sea difundida y puesta a disposición de los ciudadanos, dando a conocer parte de las problemáticas existentes en un vasto territorio, que carecen de total visibilidad y representación. Tal como lo hemos afirmado en reiteradas oportunidades el Caso Riachuelo nos ha colocado ante una gran oportunidad para transformar una realidad largamente postergada en nuestro país. Queda en nosotros aprovecharla”.
Qué pasa, Riachuelo contó con el apoyo de la Fundación Avina y aportes del Banco Mundial y de la Heinrich Böll Stiftung para su desarrollo.
